El Gobierno de Guatemala oficializó la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035 durante un acto encabezado por el presidente Bernardo Arévalo el 13 de noviembre de 2025. La presentación contó con la participación de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, así como de autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil.
Compromiso estatal con los derechos humanos
Durante la actividad, el Ministerio de Cultura y Deportes reiteró su respaldo a iniciativas que promuevan la justicia y la dignidad humana. El acto subrayó el papel fundamental del Estado en la protección de las personas defensoras, destacándose como un avance significativo en la institucionalización de políticas orientadas a salvaguardar su labor.
La política se presentó en honor a Florentín Gudiel, líder comunitario de Petén asesinado en 2004. Su hija, Makrina Gudiel, agradeció públicamente al Gobierno por concretar un esfuerzo que llevaba años pendiente y que reconoce el impacto de quienes trabajan por los derechos de los guatemaltecos.
Proceso participativo de Guatemala para construir la política
La Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035 surgió tras un proceso participativo que involucró a instituciones del Estado, organizaciones sociales y cooperación internacional. Este desarrollo responde a los compromisos asumidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Ministerio de Gobernación será la institución responsable de dirigir su implementación, mientras que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos coordinará las acciones interinstitucionales para garantizar su ejecución.
Objetivos principales de la política pública
El nuevo instrumento establece mecanismos orientados a:
- Prevenir riesgos y amenazas hacia personas defensoras.
- Implementar un sistema integral de protección.
- Fortalecer la coordinación entre instituciones del Estado.
- Garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Estas medidas buscan reforzar la respuesta estatal frente a las agresiones y criminalización que continúan enfrentando quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos.
El presidente Bernardo Arévalo destacó que esta política ofrece al Estado herramientas concretas para proteger de manera efectiva a quienes defienden los derechos de la población. Señaló que su administración retomó un proceso detenido por más de cinco años, reafirmando el compromiso gubernamental de construir condiciones seguras para el trabajo de defensa.
La presentación concluyó con la firma del Acuerdo Gubernativo por parte del presidente Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, con lo que se formalizó el compromiso de Estado para garantizar la defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala.
