La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) solicitó al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, cuatro condiciones que considera fundamentales para potenciar la competitividad y atraer inversión al país.
Durante el XXI Congreso Industrial, Enrique Font, presidente de la CIG, expuso estas demandas y enfatizó en la necesidad de crear un entorno favorable para la producción, la generación de empleo y la atracción de capitales.
Los cuatro temas específicos que planteó el dirigente de la CIG, son: la informalidad laboral, los nombramientos técnicos en el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, la inversión en infraestructura, así como la calidad del gasto público.
En el tema de informalidad laboral, el líder empresarial señaló que la fijación del salario mínimo debe estar basada en criterios técnicos y no en consideraciones políticas, ya que si no se toman en cuenta la productividad, inflación y el crecimiento económico, se convierte en una barrera para la creación de empleos formales.
Font recalcó que el sector privado ha propuesto desde hace varios años mecanismos basados en fórmulas técnicas para definir los ajustes salariales, el país necesita “una política salarial técnica, predecible y sostenible”, insistió.
La segunda demanda fue en relación al nombramiento de las autoridades económicas del Banguat y la SIB, enfatizando en que la designación de estos cargos son decisiones trascendentales para la estabilidad del país, Font afirmó que no se trata únicamente de nombrar autoridades, se trata de quiénes conducirán técnicamente el Banco Central y preservarán la prudencia y la solidez del sistema financiero.
El tercera exigencia presentada fue en torno a la inversión en infraestructura, tema ante el cual se necesita actuar con urgencia, aseguró Font, quien mencionó que es necesario ampliar significativamente las carreteras, así como fortalecer aeropuertos, hospitales, centros educativos y recuperar el sistema ferroviario.
Así mismo, se advirtió sobre las amenazas para la competitividad nacional en materia energética, ya que la falta de generación y de capacidad para transportarla, supone un riesgo para la continuidad del suministro y la competitividad industrial de la nación, expresó.
Con el objetivo de combinar la participación legítima de los pueblos indígenas y la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo, el presidente de la CIG solicitó la creación de un marco claro para la aplicación de las consultas contempladas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; además demandó certeza jurídica para los inversionistas.
El tema del presupuesto público fue el eje de la cuarta demanda presentada, en este sentido, se manifestó la preocupación por la propuesta presupuestaria del 2027 y se cuestionó la calidad de la ejecución estatal.
Font enfatizó en que se debe destinar una mayor cantidad de recursos a la infraestructura, salud, educación, seguridad y servicios públicos de calidad, afirmando que no se trata de gastar más, sino mejor, es decir, con eficiencia y resultados medibles.
Finalmente, el dirigente empresarial enfatizó que “el sector industrial no pide favores, pide condiciones” particularmente reglas claras, instituciones independientes, infraestructura moderna, energía confiable, simplificación de trámites y un Estado que actúe como aliado para el desarrollo.
Si bien este Congreso tiene como objetivo generar conexiones mediante el diálogo, identificar oportunidades y fortalecer la capacidad de las empresas para competir a nivel internacional, el presidente Bernardo Arévalo no respondió de forma directa a los cuatro planteamientos expuestos por la CIG y enfocó su intervención en resaltar algunas de los logros y acciones de su administración.
