Las cámaras empresariales de Guatemala rechazaron la serie de bloqueos suscitados recientemente en el país, derivados del rechazo al alza en el precio de los combustibles y exigieron a las autoridades medidas para garantizar la libre circulación.
Diversas organizaciones privadas pidieron al Estado actuar de inmediato para garantizar el libre tránsito en las rutas, ya que las pérdidas económicas se agravan cada vez más, de igual forma, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció en contra de estos actos y señaló que la jornada de bloqueos de rutas es insostenible.
El sector empresarial advirtió que las interrupciones ponen en riesgo el traslado diario de mercancías valuadas en US$150 millones aproximadamente y podrían reducir la recaudación aduanera en alrededor de Q100 millones (USD 13 millones) por jornada.
De acuerdo a cálculos del CIG por medio del Observatorio de Políticas Industriales, cada día que las actividades se paralizan, se comprometen alrededor de Q1,134 millones en mercancías que pasan por las aduanas, entre importaciones y exportaciones.
La CIG reconoce la preocupación de los transportistas por el alza de los combustibles y las consecuencias posteriores, sin embargo, afirman que los cierres intensifican las pérdidas económicas, ya que el impacto no se refleja únicamente en el comercio exterior, sino que afecta directamente a la productividad, el abastecimiento y la movilidad de trabajadores, familias y diversos tipos de empresas nacionales.
La Cámara de Comercio solicitó a las autoridades la intervención de la fuerza pública para restablecer el tránsito, así como identificar a los responsables y promover acciones penales contra aquellos que organicen o ejecuten los cierres.
La postura del CIG se mantiene firme ante los bloqueos, pues consideran que estas acciones generan pobreza, miseria y anarquía y Guatemala no puede seguir así, señaló la entidad.
Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) rechazó las amenazas de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora, la principal terminal aérea del país, pues afectaría la conectividad, el comercio, el turismo y el empleo.
Con respecto a la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles, la CIG señaló que puede servir como una medida temporal pero no resuelve las causas estructurales del incremento de precios.
En medio de esta crisis, la disputa continúa ya que mientras las cámaras demandan poner fin a los bloqueos, diversos grupos de transportistas insisten en que se vete el decreto sobre el precio de combustibles aprobado por el Congreso.
