Juez cierra el caso contra cuatro líderes indígenas acusados de terrorismo en Guatemala

Foto: X @axrguate

El pasado viernes 11 de septiembre, un juzgado dictó el cierre del proceso penal en contra de cuatro dirigentes indígenas acusados de terrorismo en Octubre de 2023, luego de encabezar las manifestaciones que respaldaran los resultados electorales en Guatemala el mismo año y que dieron la victoria al actual presidente Bernardo Arévalo, ante los intentos irregulares de revertirlos.

Los cuatro dirigentes acusados Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc, forman parte de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán.

El juez titular del Juzgado Tercero Penal, Mynor Moto, aprobó la solicitud presentada por el Ministerio Público (MP) el jueves pasado de reevaluar los hechos, misma que retiró las acusaciones contra los dirigentes.

Se descartaron los delitos de terrorismo, sedición y asociación ilícita contemplados en la acusación inicial, tras determinar, mediante un nuevo peritaje antropológico, que las protestas respondieron a una resolución de asambleas comunitarias en ejercicio del derecho de libertad de expresión y la legítima defensa, indicó el MP.

La resolución del caso también implica la cancelación de todas las medidas cautelares y la devolución de las cauciones económicas impuestas a los procesados, incluyendo Q160 mil pagados por Luis Pacheco y Héctor Chaclán, así como la anulación del arresto domiciliario que obtuvieron en 2024, luego de permanecer en prisiòn preventiva; por otro lado se ordenó el reembolso de Q10 mil y Q5 para Basilio Puac y Esteban Toc, respectivamente.

De igual forma, el tribunal revocó las restricciones impuestas a los dirigentes para desempeñar una función pública por nombramiento o elección popular.

Cabe recordar que los cargos imputados a los dirigentes de la organización ancestral, surgieron tras las manifestaciones frente al Ministerio Público, las movilizaciones y bloqueos de carreteras que se llevaron a cabo en 2023, con el fin de exigir la renuncia de la fiscal general de ese momento, quien trató de revertir los resultados electorales donde Arévalo obtuvo la victoria y quien también fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por actos de corrupción.