La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente varias disposiciones de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, Decreto 45-2016, relacionadas con la instalación obligatoria de Sistemas Limitadores de Velocidad (SLV) en vehículos de transporte colectivo y de carga.
La resolución, publicada en el diario oficial, deriva de una acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Fenatrexp), que cuestiona los costos que deben asumir los propietarios de las unidades, los procesos de certificación de los dispositivos y las sanciones establecidas por incumplimiento.
Entre los argumentos planteados por el sector transportista figura que la instalación representa una carga económica considerable, especialmente para los operadores independientes, y que estos gastos podrían repercutir en el precio del servicio para los usuarios.
DGT manifiesta preocupación por la suspensión
Ante la decisión, la Dirección General de Transporte (DGT) expresó su preocupación, al considerar que la medida se produce mientras continúan registrándose accidentes de tránsito en los que están involucradas unidades de transporte colectivo y de carga.
La institución destacó los avances alcanzados mediante la implementación del sistema. Según los datos oficiales al 5 de noviembre de 2026, un total de 35,871 vehículos ya contaban con limitadores de velocidad: 4,531 unidades de transporte colectivo y 31,340 de transporte de carga.
Además, entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre se incorporaron 802 vehículos, lo que representa un crecimiento del 2.29%.
La cifra también refleja un incremento significativo respecto al cierre de 2025, cuando se contabilizaban 10,790 unidades equipadas. Esto representa 25,081 vehículos adicionales incorporados al programa.
En cuanto a la implementación, la DGT informó que existen 224 empresas autorizadas para instalar los dispositivos, con cobertura en 16 departamentos, mientras que otras seis se encuentran en proceso de autorización.
Sanciones por incumplimiento
Los registros institucionales detallan que, entre el 2 de marzo y el 5 de noviembre de 2026, se impusieron 229 sanciones por circular sin el dispositivo limitador de velocidad.
De estas, 171 correspondieron a vehículos de transporte colectivo y 58 a unidades de transporte de carga.
La DGT considera que los resultados evidencian los avances del programa y la coordinación entre transportistas, empresas implementadoras y entidades estatales.
¿Qué establece la normativa y qué sigue en el proceso?
La legislación establece que los vehículos sujetos a esta regulación no deben superar los 80 kilómetros por hora. Asimismo, contempla sanciones para quienes incumplan con las disposiciones, entre ellas la suspensión del servicio durante seis meses y multas equivalentes de cinco a diez salarios mínimos.
Tras la resolución provisional, la DGT anunció que presentará las acciones legales correspondientes ante la Corte de Constitucionalidad, con el propósito de defender la continuidad de esta herramienta de prevención de accidentes y protección de la vida.
Por su parte, la CC concedió una audiencia de 15 días al Congreso de la República y al Ministerio Público para que expongan sus argumentos sobre la acción de inconstitucionalidad.
La suspensión es de carácter provisional, por lo que el proceso legal continuará hasta que la Corte resuelva el fondo de la controversia.
