El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional y en único debate el Decreto 28-2026, Ley del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), con 138 votos a favor. La normativa busca garantizar la continuidad de los programas de apoyo económico para jóvenes guatemaltecos que desean iniciar, continuar o concluir estudios superiores, técnicos o especializados, tanto en el país como en el extranjero.
La aprobación fue celebrada por el presidente Bernardo Arévalo, quien a través de su cuenta de X, señaló que la creación del fondo representa un paso importante para ampliar el acceso a la educación y fortalecer las oportunidades de desarrollo de la juventud guatemalteca.
“Hoy damos un paso muy importante para que las oportunidades de estudiar no dependan de la voluntad de un gobierno, sino que sean una garantía para las nuevas generaciones”, manifestó el mandatario.
¿En qué consiste el Fondo Nacional de Becas?
El Decreto 28-2026 establece que el Fonabe será un fondo privativo, sin personalidad jurídica propia y adscrito a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), institución que tendrá a su cargo la planificación, coordinación y orientación técnica del programa.
La ley contempla el otorgamiento de becas completas y parciales, tanto nacionales como internacionales, dirigidas principalmente a personas en situación socioeconómica vulnerable, con mérito académico y cuya formación responda a las prioridades de desarrollo del país.
Uno de los principales mecanismos incorporados es la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria Multianual (CDPM), que permitirá respaldar financieramente los estudios de cada beneficiario durante toda su trayectoria académica.
La disposición indica que los recursos comprometidos para becas vigentes no tendrán que reintegrarse automáticamente al fondo común al finalizar cada ejercicio fiscal, en cambio, los saldos que no estén vinculados a compromisos formalizados deberán devolverse.
Financiamiento y controles
La normativa establece que el fondo podrá recibir recursos del presupuesto general del Estado, cooperación nacional e internacional, rendimientos financieros y otras fuentes de financiamiento disponibles y los recursos serán administrados mediante una cuenta especial a cargo del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
De igual forma, se instauran mecanismos de fiscalización y transparencia para supervisar la asignación y utilización de los recursos. En este caso, el Consejo Consultivo podrá emitir dictámenes técnicos sobre las convocatorias, los estipendios y las áreas prioritarias de formación y en caso de que el Comité Interno decida apartarse de sus recomendaciones, deberá justificar públicamente su decisión.
Los beneficiarios que reciban directamente los recursos tendrán que presentar documentación que compruebe su utilización y en caso de detectarse información falsa o uso indebido del dinero, podrán iniciarse procedimientos para recuperar los fondos y establecer las responsabilidades correspondientes.
La ley también contempla la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC), así como la publicación de información sobre los beneficiarios y la presentación de informes semestrales al Congreso.
Cuestionamientos por duplicidad de funciones
Pese a la aprobación del decreto, la creación del Fonabe ha generado cuestionamientos sobre su estructura administrativa y las atribuciones que tendrá Segeplan.
El economista e investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Erick Coyoy, considera que el nuevo fondo podría generar duplicidad de funciones con el Ministerio de Educación y otras instituciones que ya desarrollan programas de becas, como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).
Coyoy también advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad, al señalar que las secretarías de la Presidencia tienen funciones de coordinación y planificación, pero no deberían asumir responsabilidades de ejecución.
Además, expresó preocupación por la capacidad institucional de Segeplan para garantizar procesos transparentes de selección y evitar prácticas de favoritismo o nepotismo en la asignación de los beneficios.
En ese sentido, el economista consideró fundamental que los mecanismos de selección sean públicos y permitan que las becas lleguen a los jóvenes que realmente cumplen con los requisitos académicos y socioeconómicos.
Segeplan estará a cargo del programa
La normativa permite que Segeplan establezca convenios con instituciones especializadas, entre ellas la Dirección General de Educación Extraescolar (Digeex) del Ministerio de Educación y el Instituto Técnico de Capacitación (Intecap), con el fin de desarrollar actividades de verificación, acompañamiento psicopedagógico, tutorías y supervisión territorial; no obstante, la Secretaría conservará la rectoría de la planificación y evaluación del programa.
De acuerdo con los registros del Fondo Nacional de Becas, al 30 de septiembre de 2026 se contabilizaban 1,121 becas aprobadas, distribuidas en los 22 departamentos y 231 municipios del país.
Con la aprobación del Decreto 28-2026, el Gobierno busca dar continuidad jurídica y financiera a esta iniciativa, aunque su implementación estará sujeta al cumplimiento de los mecanismos de transparencia, fiscalización y selección establecidos en la nueva legislación.
