La escalada de violencia en Zacapa e Izabal evidencia el poder de las estructuras del narcotráfico y las dificultades del Estado para contenerlas. Los ataques contra civiles, policías y funcionarios exponen una crisis de seguridad que exige más que operativos militares y medidas de excepción.
El narcotráfico puede parecer un problema distante para muchos guatemalteco, ya que las rutas internacionales de la droga, las disputas entre carteles y las operaciones financieras de las organizaciones criminales suelen quedar fuera de las preocupaciones cotidianas; sin embargo, esa distancia desaparece cuando los enfrentamientos armados llegan a las comunidades, cobran vidas y alteran la tranquilidad de sus habitantes.
Eso es lo que ocurre actualmente en Zacapa e Izabal, dos departamentos donde los recientes episodios de violencia han puesto en evidencia la capacidad de las estructuras criminales para desafiar a las autoridades, pero el problema va más allá del traslado de drogas por corredores estratégicos, también involucra ataques contra la población, agentes policiales y representantes del Estado.
En el caso de Zacapa, la sucesión de hechos violentos refleja la gravedad de la situación. El 27 de septiembre, un ataque armado en Huité dejó ocho personas fallecidas, mientras que el 6 de noviembre, una emboscada en Río Hondo provocó la muerte del diputado Julio Portillo y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y siete días después, un nuevo ataque en el caserío El Tocino, aldea La Majada, dejó cinco muertos y tres heridos.
En este último hecho, el impacto de la violencia tuvo repercusión sobre la población civil cuando hombres armados ingresaron a la comunidad durante la madrugada y dispararon contra sus habitantes y una patrulla policial; entre las víctimas se encontraban una madre y sus dos hijos, quienes quedaron atrapados en medio del ataque.
Entre otros fallecidos figuraba José Archila Romero, alias “Parcero”, relacionado extraoficialmente con un narcolaboratorio desmantelado en octubre de 2025 en esa localidad, sin embargo, las autoridades no han confirmado si forma parta de alguna organización criminal ni han establecido las causas del ataque.
Por otra parte, la situación en Izabal también genera preocupación. El 13 de noviembre, dos hombres murieron durante un ataque armado en Puerto Barrios. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoció la presencia de actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de drogas en el departamento y señaló la existencia de operaciones de minería ilegal de jade y oro que podrían servir como fuentes de financiamiento para las estructuras criminales.
Narcotráfico, redes criminales y poder político
La problemática de violencia aumenta cuando se analizan las conexiones entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico y los actores que pueden facilitar sus operaciones.
Ante esta situación, Estados Unidos anunció el pasado 13 de noviembre, sanciones contra Los Mendoza, Los Lorenzana y Los Huistas, a quienes también designó como organizaciones terroristas. En el caso de Los Lorenzana, se aplicaron además las categorías de Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada.
Washington sostiene que estas estructuras mantienen vínculos operativos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y cumplen funciones logísticas para recibir, almacenar, proteger y transportar cargamentos de droga con destino a México y Estados Unidos, según las autoridades norteamericanas.
Las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, introdujeron otro elemento de preocupación: los posibles vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y estructuras del narcotráfico mexicano.
Esta relación evidencia que el poder de las organizaciones criminales no depende exclusivamente de su capacidad armada, ya que para mantenerse y expandirse necesitan recursos económicos, información, protección y contactos que les permitan operar al margen de la ley.
Al establecer relaciones con actores que tienen influencia política o institucional, el problema deja de ser únicamente policial y se convierte en una amenaza para la gobernabilidad, pues la penetración de las instituciones puede facilitar la impunidad, debilitar los mecanismos de control y garantizar que las redes criminales mantengan sus operaciones durante años.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también ha atribuido actos violentos contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares a Los Lorenzana, señalamientos que refuerzan la preocupación sobre la capacidad de dichas estructuras para recurrir a la violencia como mecanismo de protección y control.
Respuesta del Gobierno llega tarde y es cuestionada
La reacción del Gobierno de Bernardo Arévalo se produjo después de varios episodios armados y de un elevado número de víctimas, cuando el pasado domingo, el Ejecutivo decretó estado de sitio en Zacapa e Izabal por un período de 30 días.
Durante una conferencia de prensa en Zacapa, el ministro Villeda reconoció que las designaciones anunciadas por Estados Unidos formaron parte del contexto que motivó la decisión y explicó que el Gobierno no solo conocía la actividad del narcotráfico en ambos departamentos, sino que ya había coordinado operativos, erradicaciones y capturas; no obstante, sostuvo que el incremento de la violencia hizo necesaria la aplicación de medidas excepcionales.
El funcionario también indicó que, de acuerdo con registros internos, Zacapa no aparecía entre los 15 departamentos con mayores índices de violencia, explicación que deja una interrogante sobre la capacidad de las autoridades para identificar oportunamente los riesgos y anticiparse a una escalada criminal.
La presencia de organizaciones del narcotráfico ya era conocida, sin embargo, las acciones preventivas no evitaron que la violencia alcanzara a civiles, policías y funcionarios. Ante este contexto, han surgido diversos cuestionamientos en torno a la reacción del Gobierno y por qué no logró contener el problema antes de que produjeran más ataques.
El despliegue de soldados, agentes policiales, patrullajes y puestos de control puede contribuir a recuperar temporalmente la presencia institucional en las zonas afectadas, sin embargo, ocupar las calles no equivale a desarticular las redes que sostienen el narcotráfico. La efectividad de la respuesta dependerá de que los operativos conduzcan a investigaciones sólidas, capturas estratégicas y procesos judiciales capaces de alcanzar a los responsables y sus colaboradores.
El miedo como expresión de una crisis estatal
El narcotráfico puede parecer ajeno a las prioridades de una parte de la población, pero la narcoviolencia elimina cualquier posibilidad de indiferencia, ya que sus consecuencias se manifiestan en comunidades bajo amenaza, familias destruidas, agentes asesinados y ciudadanos que viven con temor de quedar atrapados en enfrentamientos armados.
El estado de sitio representa una medida excepcional ante una situación de inseguridad, pero no constituye una solución permanente; la recuperación del control territorial requiere una estrategia que combine prevención, inteligencia, investigación criminal, fortalecimiento institucional y persecución de las redes financieras que permiten a estas organizaciones mantenerse activas.
Para el presidente Arévalo, el desafío no consiste únicamente en mantener efectivos militares y policiales en Zacapa e Izabal durante 30 días. Su Gobierno debe demostrar que puede transformar esa presencia temporal en resultados concretos al reducir la violencia, proteger a las comunidades, investigar los ataques y desarticular las estructuras que operan detrás del narcotráfico.
Guatemala enfrenta el riesgo de acostumbrarse a una realidad en la que las organizaciones criminales imponen sus condiciones y las autoridades reaccionan cuando los hechos violentos ya han cobrado vidas. El verdadero problema no es solamente el tráfico de drogas, sino la capacidad de estas estructuras para extender su influencia, amenazar a la población y poner en entredicho la autoridad del Estado.
La prueba que enfrenta el Gobierno guatemalteco para recuperar el control territorial no sólo significa desplegar fuerzas de seguridad, también implica garantizar que ninguna organización criminal tenga la capacidad de decidir quién puede vivir en paz, quién debe someterse a sus reglas y cuándo puede actuar al margen de la ley.
