Congreso ratifica estado de sitio en Izabal y Zacapa y autoriza intervención en cárceles del país

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El Congreso de la República ratificó el estado de sitio en los departamentos de Izabal y Zacapa por un período de 30 días y aprobó nuevas facultades para que las fuerzas de seguridad puedan asumir el control de los centros penitenciarios del país.

La decisión fue respaldada durante la sesión legislativa del martes 17 de noviembre, mediante la aprobación del Decreto 29-2026, que ratifica el Decreto Gubernativo 8-2026. La medida recibió el apoyo mayoritario de los diputados, aunque las votaciones variaron según las enmiendas discutidas durante la sesión.

Uno de los principales cambios incorporados establece que el estado de sitio se mantendrá exclusivamente en Izabal y Zacapa, pero permitirá al Ejecutivo intervenir también en las cárceles a nivel nacional, sin necesidad de extender territorialmente el régimen de excepción.

La disposición surgió luego de que algunos legisladores plantearan dudas sobre la legalidad de ampliar el estado de sitio a todos los centros penitenciarios, debido a que esta medida habría requerido incluir otros departamentos dentro de la declaración.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, reconoció que la propuesta inicial presentaba dificultades jurídicas, por lo que los jefes de bloque acordaron modificar su redacción. Finalmente, se aprobó un artículo adicional que faculta al Ejecutivo para tomar el control de las prisiones.

Operativos conjuntos y controles de seguridad

El decreto también autoriza al Ministerio de la Defensa Nacional, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), a desarrollar operativos conjuntos, patrullajes y puestos de registro en rutas estratégicas.

Según lo aprobado, la población podrá continuar con sus actividades cotidianas, incluidas las culturales, religiosas y deportivas, siempre que respete las disposiciones de seguridad y las restricciones establecidas dentro del marco legal.

El estado de sitio tendrá una vigencia de 30 días y busca fortalecer las acciones de seguridad frente a las amenazas de estructuras criminales, particularmente aquellas relacionadas con el narcotráfico y la disputa por el control territorial en el oriente del país.

Violencia y cuestionamientos a la estrategia de seguridad

La medida fue decretada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo el pasado sábado, luego de una serie de ataques armados registrados desde finales de septiembre, que dejaron alrededor de 20 personas fallecidas.

Entre las víctimas figura el diputado Julio César Portillo, quien fue asesinado en un ataque armado ocurrido en Zacapa el 6 de noviembre.

Las autoridades han señalado que estructuras vinculadas al narcotráfico mantienen disputas por el control de territorios y rutas utilizadas para el transporte de drogas en estas regiones.

Durante la discusión legislativa también surgieron cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para contener la violencia. El diputado Elmer Palencia recordó la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 y advirtió que la problemática de seguridad no se limita a Izabal y Zacapa.

Por su parte, otros legisladores señalaron que las acciones gubernamentales podrían resultar insuficientes frente al alcance de las organizaciones criminales.

Aunque el despliegue de fuerzas policiales y militares permitirá intensificar los operativos y controles de seguridad, la incertidumbre sobre los resultados que podrán alcanzarse durante los 30 días de vigencia de la medida, aún persisten.

El principal desafío para el Gobierno será recuperar el control de los centros penitenciarios y debilitar las estructuras criminales que mantienen operaciones tanto dentro como fuera de las cárceles.

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