Nueva Ley de Contrataciones Públicas elevaría las licitaciones a Q2 millones como monto mínimo

Foto: X @CongresoGuate

La propuesta de una nueva Ley de Contrataciones Públicas contempla elevar de Q900 mil a Q2 millones el monto mínimo para realizar procesos de licitación, como parte de una serie de modificaciones a los mecanismos de compra y adquisición del Estado.

La iniciativa 6688 es analizada por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, que revisa los cambios planteados a los límites económicos de las distintas modalidades de contratación pública.

El presidente de la comisión, el diputado Jorge Ayala, explicó que la propuesta mantiene cuatro mecanismos de adquisición: compra directa, contratación simplificada, cotización y licitación. Sin embargo, modifica los rangos económicos para cada procedimiento.

De acuerdo con el legislador, la propuesta establece los siguientes límites:

-Primer rango: de Q0 a Q35 mil.
-Segundo rango: de Q35 mil a Q300 mil.
-Cotización: de Q300 mil hasta Q2 millones.
-Licitación: a partir de Q2 millones.

Actualmente, los procesos de licitación se realizan para adquisiciones que superan los Q900 mil.

Ayala explicó que la actualización de los montos responde a la inflación y al incremento de los costos, debido a que los límites vigentes fueron establecidos hace varios años. Según indicó, elevar estos umbrales permitiría agilizar las compras estatales y reducir los retrasos administrativos en la ejecución del presupuesto.

Diferencias entre una compra directa y licitación

Las instituciones públicas de Guatemala cuentan con distintos procedimientos para adquirir bienes, servicios y suministros, dependiendo del monto de la contratación.

La compra directa permite realizar adquisiciones mediante una oferta electrónica publicada en el sistema Guatecompras, donde los proveedores presentan sus propuestas sin necesidad de desarrollar un proceso completo de cotización o licitación.

Por su parte, la licitación pública es un procedimiento competitivo utilizado para contrataciones de mayor cuantía. En este mecanismo, la institución pública las bases del concurso, recibe ofertas de diferentes proveedores y una junta evaluadora analiza las propuestas para determinar la adjudicación.

Comisión busca consensos para emitir dictamen

La Comisión de Economía y Comercio Exterior se declaró en sesión permanente con el objetivo de avanzar en el análisis de la iniciativa y recibir observaciones de diferentes sectores.

Entre las organizaciones convocadas figuran la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Las reuniones se realizan luego de que representantes del sector privado manifestaran su rechazo a la posibilidad de aprobar la propuesta de urgencia nacional sin una discusión técnica previa.

El diputado Ayala señaló que espera alcanzar acuerdos durante las próximas sesiones para emitir el dictamen correspondiente. Si este queda listo el lunes 23 de noviembre, podría ser trasladado a Dirección Legislativa y posteriormente quedar a consideración de la Instancia de Jefes de Bloque para su inclusión en la agenda del pleno.

Otros cambios que contempla la iniciativa 6688

Entre las modificaciones incorporadas en una nueva versión de la propuesta, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) eliminó los tribunales administrativos de contrataciones.

Asimismo, el proyecto plantea la creación del Sistema Nacional de Adquisiciones y la implementación de mecanismos de alerta para identificar posibles prácticas de fraccionamiento de compras.

Ayala indicó que el avance de la iniciativa también dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse entre los diferentes bloques legislativos.

La propuesta establece un período de 18 meses para su entrada en vigencia, por lo que su aplicación correspondería a la próxima administración gubernamental.

La iniciativa 6688 fue presentada el 25 de noviembre de 2025 y lleva cerca de un año en análisis dentro del Congreso. Según explicó Ayala, su discusión avanzó de manera paralela a otras propuestas prioritarias para la Comisión de Economía, entre ellas las leyes de Lavado de Dinero y de Puertos, además de las revisiones realizadas por el Ministerio de Finanzas.

El dictamen de la comisión será un paso clave para determinar si la propuesta puede avanzar a discusión en el pleno del Congreso.

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