Guatemala se encuentra actualmente frente a una peligrosa irresponsabilidad fiscal. El Gobierno pretende gastar Q192,045 millones, disparar el endeudamiento y utilizar miles de millones de quetzales en deuda para financiar gastos de funcionamiento; una factura que no pagará este gobierno, sino todos los guatemaltecos.
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, presentado por el Ejecutivo al Congreso mediante la iniciativa 6841, enciende todas las alarmas por su monto que asciende a Q192,045 millones, es decir, un incremento del 14% respecto al presupuesto vigente.
Pero no se trata simplemente de un presupuesto ambicioso: es una propuesta expansiva que amenaza con comprometer aún más la estabilidad de las finanzas públicas.
La preocupación no es infundada. La Red de Centros de Pensamiento, integrada por ASIES, CIEN, ICEFI, FLACSO, FUNDESA, Fundación 2020 y Fundación Libertad y Desarrollo, ha advertido sobre los riesgos de este proyecto.
Por su parte, el Foro Guatemala y otras organizaciones también han levantado la voz ante lo que consideran un preocupante deterioro de la responsabilidad fiscal.
Endeudamiento se dispara y el gasto corriente se financia con deuda
Las cifras son alarmantes. El déficit fiscal proyectado alcanzaría el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel comparable al registrado en 2020, cuando el país enfrentaba la emergencia extraordinaria de la pandemia del COVID-19, la diferencia es que ahora no existe una emergencia nacional que justifique semejante expansión del gasto.
Pese a esto, el Ejecutivo pretende emitir Q42,750 millones en bonos del Tesoro, casi el doble de lo autorizado para 2026.
Lo verdaderamente escandaloso es el destino de esos recursos: Q23,716 millones, equivalentes al 53.6% de la deuda bonificada propuesta, se utilizarían para financiar gastos de funcionamiento, es decir que el Estado pretende endeudarse para pagar obligaciones recurrentes, como salarios y otros gastos operativos.
Esta situación no sólo representa una irresponsabilidad financiera, también plantea un serio problema de legalidad, porque la Ley Orgánica del Presupuesto establece restricciones al uso del crédito público para financiar gastos corrientes.
La deuda debería destinarse a inversiones que generen beneficios duraderos para el país, como hospitales, escuelas, carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, no a sostener una burocracia creciente.
La gravedad del problema es evidente, los préstamos se reciben una sola vez, pero los salarios, las contrataciones y las obligaciones administrativas deben pagarse todos los años, de esta forma se construye una espiral de endeudamiento que tarde o temprano termina pasando factura a los contribuyentes.
Más burocracia, más plazas y más dudas en año electoral
Como si el endeudamiento no fuera suficiente, las asignaciones para las Secretarías de la Presidencia y otras dependencias del Ejecutivo aumentan un 38%. Entre las entidades señaladas están FODIGUA, SEGEPLAN y SOSEP.
El proyecto contempla la creación de aproximadamente 2,000 puestos de trabajo, un incremento del 28% respecto del nivel actual.
¿Es realmente necesario ampliar la burocracia en estas proporciones cuando el país enfrenta un déficit fiscal creciente y pretende financiar parte de sus gastos con nueva deuda?
La pregunta resulta todavía más inquietante porque 2027 será un año electoral. Las nuevas contrataciones y el crecimiento de determinadas dependencias generan legítimas dudas sobre las prioridades del Gobierno y el verdadero propósito de semejante expansión administrativa.
Cocodes: millones sin ejecutar y más recursos sobre la mesa
Otro foco rojo son los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES). El presupuesto vigente de estas asignaciones supera los Q15,000 millones, una cantidad comparable con el presupuesto del Ministerio de Salud Pública.
Pero hay un dato que debería provocar indignación: durante 2025 apenas ejecutaron el 62% de los recursos asignados y, a inicios de octubre de 2026, su ejecución todavía no superaba el 30%. A pesar de esos resultados, el proyecto incorpora otro aporte extraordinario.
¿Para qué asignar más dinero cuando ni siquiera se ha demostrado capacidad para ejecutar eficientemente los recursos disponibles?
Permitir que los fondos no ejecutados se trasladen automáticamente al siguiente ejercicio fiscal puede terminar premiando la ineficiencia. Y cuando no existen controles, transparencia y rendición de cuentas suficientes, el riesgo de que esos recursos se conviertan en instrumentos de clientelismo y utilización electoral aumenta considerablemente.
Los ingresos no alcanzan para sostener el despilfarro
El panorama se complica porque los ingresos tributarios crecerían menos que el gasto. La carga tributaria continuaría alrededor del 12% del PIB, mientras la recaudación proyectada aumentaría un 9.9% respecto de lo estimado para 2026.
Aunque la proyección de ingresos podría ser factible, el problema de fondo permanece: cada vez más recursos públicos quedan comprometidos en obligaciones estatales y pago de deuda, mientras que los guatemaltecos siguen enfrentando deficiencias en hospitales, centros de salud, escuelas y servicios públicos esenciales.
El Gobierno pretende gastar más, endeudarse más y ampliar su estructura administrativa, pero los resultados en los servicios que realmente necesita la población siguen siendo insuficientes.
El Congreso tiene la responsabilidad de detener esta bomba fiscal
Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para conocer y aprobar el presupuesto, de lo contrario, continuaría vigente el de 2026, que ya fue ampliado.
El Congreso no debería limitarse a aprobar un cheque en blanco al Ejecutivo, sino que tiene la responsabilidad de revisar, depurar y modificar un proyecto que, tal como está planteado, compromete peligrosamente las finanzas públicas.
Es indispensable reducir el gasto superfluo, revisar las asignaciones cuestionables, frenar el crecimiento injustificado de la burocracia y establecer un techo responsable al endeudamiento.
También debe impedirse que la deuda pública se convierta en el mecanismo habitual para financiar salarios, operaciones administrativas y obligaciones recurrentes.
No basta con obligar al Ejecutivo a realizar readecuaciones presupuestarias o recurrir a saldos de caja para cubrir nuevas obligaciones. El artículo 240 de la Constitución establece exigencias sobre la identificación de las fuentes de financiamiento de los gastos públicos, que deben respetarse.
La responsabilidad fiscal no es una opción política ni un capricho ideológico, es una obligación frente a los ciudadanos y las futuras generaciones.
Guatemala no puede seguir gastando lo que no tiene
El presupuesto 2027 no sólo representa una discusión de cifras, es una decisión sobre el futuro financiero del país.
Si se aprueba sin cambios, Guatemala podría profundizar una peligrosa dinámica de gasto creciente, deuda acumulada y compromisos permanentes sin ingresos suficientes para sostenerlos.
El dinero prestado de hoy se convertirá en impuestos, intereses y restricciones presupuestarias mañana. Y mientras los recursos se destinan a sostener una estructura estatal cada vez más costosa, las necesidades de salud, educación, seguridad y justicia seguirán esperando.
El problema no es únicamente cuánto quiere gastar el Gobierno. El verdadero escándalo es que pretende financiar parte de ese gasto con deuda, sin demostrar que el dinero se traducirá en mejores servicios y resultados para la población.
El Congreso todavía está a tiempo de evitarlo. Aprobar este presupuesto sin una profunda corrección sería hipotecar el futuro de Guatemala para financiar el gasto presente de un Gobierno que parece haber perdido el control de sus prioridades fiscales.

