Fondo Maíz de Poder figura entre las organizaciones que recibirían recursos públicos del Presupuesto General de la Nación 2027. Su representante legal, Luz Angelina del Rosario Rodríguez Mejía, también es conductora del podcast Tan/Gente, un espacio que ha entrevistado positivamente a funcionarios del actual Gobierno. La asignación millonaria reabre el debate sobre los criterios de distribución de fondos estatales, la transparencia y los posibles conflictos de interés.
Un nuevo cuestionamiento sobre el manejo de los recursos públicos surge a raíz de la asignación presupuestaria propuesta para la organización no gubernamental Fondo Maíz de Poder, que recibiría Q15 millones del Presupuesto General de la Nación para 2027, de acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo.
La organización aparece vinculada a Luz Angelina del Rosario Rodríguez Mejía, quien, según la información del portal de ONG del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), figura como presidenta y representante legal de la entidad.
A su vez, Rodríguez Mejía participa como conductora del podcast político Tan/Gente, un espacio de comunicación que ha entrevistado y se muestra afín a la vicepresidenta y a ministros del actual Gobierno de Bernardo Arévalo.
La coincidencia entre la representación legal de una organización beneficiada con fondos estatales y la participación de su representante en un espacio de comunicación que mantiene interlocución con funcionarios gubernamentales, ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la necesidad de establecer mecanismos más estrictos de transparencia.
Una asignación que creció de Q5 a Q15 millones
Los registros presupuestarios citados muestran un incremento progresivo de los recursos asignados a Fondo Maíz de Poder:
-2025: Q5 millones, incluidos en el Decreto 36-2024.
-2026: Q8 millones, contemplados en el Decreto 3-2026.
-2027: Q15 millones, propuestos en el artículo 38 del proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo.
De concretarse la asignación para 2027, la organización recibiría tres veces más recursos que en 2025.
Otro dato que ha llamado la atención es que Fondo Maíz de Poder figura inscrita en el Registro Tributario Unificado (RTU) de la SAT desde el 24 de septiembre de 2024. Es decir, aproximadamente dos meses y medio después de su inscripción ya aparecía con una asignación de Q5 millones en el presupuesto correspondiente a 2025.
El crecimiento de los recursos plantea interrogantes sobre la trayectoria de la organización, los proyectos que justifican las asignaciones, sus resultados y los criterios técnicos utilizados para determinar los montos.
Contradicciones sobre la participación del MAGA
Uno de los aspectos que requiere explicación es la postura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
El titular de esa cartera habría señalado, en una entrevista con Canal Antigua, que el ministerio no tenía contemplada a Fondo Maíz de Poder en su presupuesto y que su incorporación respondía a una decisión del Congreso.
Sin embargo, los registros presupuestarios muestran que la organización recibió Q5 millones del MAGA en 2025, mientras que el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el propio Ejecutivo contempla una asignación de Q15 millones a través de esa cartera.
Esta situación plantea una pregunta concreta: si el ministerio no consideraba a la organización dentro de sus prioridades presupuestarias, ¿por qué el proyecto del Ejecutivo vuelve a incluirla y propone triplicar el monto que recibió en 2025?
El vínculo con Tan/Gente y los cuestionamientos por conflicto de interés
La discusión también se ha trasladado al ámbito de la comunicación política, ya que Rodríguez Mejía conduce el podcast Tan/Gente, que ha entrevistado a integrantes del actual Gobierno, entre ellos la vicepresidenta y algunos ministros.
A partir de esa relación profesional y de su participación en una ONG que recibe recursos públicos, han surgido cuestionamientos sobre la conveniencia de mantener ambos roles simultáneamente.
Las críticas apuntan a la necesidad de aclarar si existen mecanismos para prevenir conflictos de interés, garantizar la independencia editorial y evitar que las relaciones institucionales o políticas puedan influir en la asignación de fondos estatales.
La existencia de estos vínculos, por sí sola, no demuestra una irregularidad ni permite afirmar que exista financiamiento gubernamental al podcast, no obstante, sí hace que sea necesario conocer los mecanismos de selección, supervisión y fiscalización de la organización beneficiada.
Más organizaciones y mayores recursos públicos
El caso de Fondo Maíz de Poder se enmarca en un panorama más amplio de asignaciones a organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones y cooperativas incluidas con nombre y monto específico en las leyes presupuestarias.
Según el análisis de las cifras presupuestarias citadas, la cantidad de organizaciones identificadas pasó de 87 en 2025 a 149 en 2026, mientras que para 2027 el proyecto contempla 96.
Los montos globales registrados son los siguientes:
2025: 87 organizaciones, con Q598 millones.
2026: 149 organizaciones, con Q1,009 millones.
2027: 96 organizaciones, con Q801 millones.
El análisis también identifica 49 organizaciones que aparecieron en el presupuesto de 2026, pero no figuraban en 2025 ni en el proyecto de 2027. En conjunto, estas entidades recibieron asignaciones por aproximadamente Q230 millones.
La variación en el número de beneficiarios y en los recursos asignados plantea dudas sobre la continuidad de los proyectos, los criterios de selección y la evaluación de resultados.
El caso del MIDES y las diferencias en las asignaciones
Otro ejemplo señalado es el del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
De acuerdo con las cifras presentadas, en 2025 esta cartera tenía seis organizaciones beneficiadas con Q25 millones. Para 2026, la cantidad aumentó a 26 organizaciones, con asignaciones que alcanzaron Q141.5 millones. En el proyecto presupuestario de 2027 ya no aparecen organizaciones bajo ese mismo esquema.
Además, según los datos citados, al 3 de noviembre el MIDES había ejecutado el 84 % del renglón destinado a ONG, mientras que 172 municipalidades registraban ejecución cero en los recursos destinados a sus bonos para obras.
Esta diferencia abre otro debate sobre las prioridades del gasto público y la distribución de los recursos entre organizaciones privadas y proyectos de inversión municipal.
El comportamiento de otras organizaciones muestra incrementos y montos que se mantienen durante varios ejercicios presupuestarios.
Entre los ejemplos señalados figuran Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle, Super Héroes por el Autismo y ASODESPRO.
También aparecen organizaciones que prestan servicios especializados de salud, como Fundación Aldo Castañeda, que recibe recursos para cirugía cardíaca infantil y Fundación Margarita Tejada, que trabaja con personas con síndrome de Down.
En estos casos, las asignaciones también deben acompañarse de metas verificables, indicadores de atención, costos por beneficiario y mecanismos de rendición de cuentas que permitan establecer el impacto real de los recursos públicos.
¿Con qué trayectoria y bajo qué criterios se seleccionan las ONG?
La información del portal de ONG del MINFIN también permite observar las fechas de inscripción de distintas organizaciones ante la SAT.
Entre los ejemplos identificados están:
ASOGUATEC: inscrita el 21 de septiembre de 2023; recibió una asignación de Q10 millones del Ministerio de Educación en 2026.
Fondo Maíz de Poder: inscrita el 24 de septiembre de 2024; recibió Q5 millones en 2025 y Q8 millones en 2026.
AJCHAAK: inscrita el 5 de septiembre de 2024; recibió Q5 millones del MIDES.
FUNDASABIC: inscrita el 13 de noviembre de 2024; recibió Q3 millones del Ministerio de Salud.
AMAJ: inscrita el 11 de febrero de 2025; recibió Q1.8 millones del Ministerio de Gobernación.
Estos datos no demuestran por sí mismos que las organizaciones carezcan de capacidad técnica o experiencia, sin embargo, es necesario conocer qué evaluaciones se realizaron antes de asignarles recursos públicos y qué criterios determinaron su selección.
La exigencia de transparencia y fiscalización
El problema de fondo no se limita únicamente a la organización Fondo Maíz de Poder. El mecanismo de incorporar organizaciones con nombre y monto directamente en las leyes presupuestarias genera cuestionamientos sobre la competencia, la evaluación y la fiscalización de los fondos públicos.
Entre las reformas que se han planteado para mejorar el sistema destacan:
-Eliminar las asignaciones discrecionales por nombre: establecer procesos públicos y competitivos para que las organizaciones puedan optar a fondos estatales.
-Convenios con metas verificables: especialmente en el sector salud, publicar objetivos, número de beneficiarios y costos por paciente.
-Desembolsos sujetos a resultados: condicionar los pagos al cumplimiento de metas y a la presentación oportuna de informes financieros y de ejecución.
– Publicación de auditorías: divulgar y discutir las auditorías realizadas por la Contraloría General de Cuentas a las organizaciones beneficiadas, conforme a las disposiciones presupuestarias vigentes.
La discusión sobre los Q15 millones propuestos para Fondo Maíz de Poder pone sobre la mesa una pregunta que las autoridades deben responder: ¿qué criterios técnicos justifican la asignación de recursos públicos a determinadas organizaciones y quién verifica que esos fondos se traduzcan en beneficios concretos para la población?
En un país con necesidades urgentes en seguridad, salud, educación e infraestructura, cada quetzal del presupuesto debe estar respaldado por criterios objetivos, resultados medibles y mecanismos efectivos de fiscalización.
La ciudadanía tiene derecho a conocer quién propone las asignaciones, quién selecciona a las organizaciones, qué proyectos se financiarán y cómo se garantizará que el dinero de los contribuyentes sea utilizado correctamente. La transparencia no debe ser una promesa política, sino una obligación en el manejo de los recursos del Estado.

