La organización cívica Poder Ciudadano entregó 16,500 firmas al Congreso de Guatemala para impulsar una reforma constitucional del sistema de justicia, iniciativa que busca modificar 24 artículos, eliminar las comisiones de postulación y someter los cambios a consulta popular en las elecciones generales de 2027.
La jornada de entrega se llevó a cabo este lunes 28 de septiembre con el encuentro de los participantes en la Plaza Central para después iniciar una marcha de voluntarios desde la Plaza de la Constitución hasta el Palacio Legislativo.
De acuerdo a los establecido en la Constitución, en su artículo 277, literal d, una reforma por iniciativa ciudadana requiere el respaldo de 5.000 ciudadanos empadronados; la organización reunió 470 mil firmas durante la campaña, la cual duró 13 semanas y se desarrolló en 20 departamentos, pero seleccionó las adhesiones correspondientes al distrito legislativo exigido para activar el mecanismo ciudadano.
Ante esta situación, el Centro para la Defensa de la Constitución, Cedecon, presentó ante la Corte de Constitucionalidad un amparo provisional para suspender el trámite, tras cuestionar la forma en que se acreditaron las rúbricas, así mismo, pidió verificar su autenticidad, el empadronamiento de los firmantes y la correspondencia entre las adhesiones y el contenido de la propuesta, según detalles de la prensa.
Cinco ejes de cambio que busca la propuesta
La propuesta pretende modificar 24 artículos constitucionales, así como incorporar tres nuevos artículos, organizados principalmente en cinco ejes.
En primer lugar, se busca eliminar las comisiones de postulación, sistema utilizado para seleccionar autoridades judiciales, pues es considerado disfuncional, de acuerdo al director de Poder Ciudadano, Edgar Ortiz.
El dirigente de la organización, también señaló que este cambio podría contribuir al rescate de la Universidad de San Carlos, ayudando a que se concentre más en sus funciones académicas en lugar de intervenir en asuntos políticos.
El siguiente punto pretende retirar la facultad que tiene el Congreso para designar más 260 magistrados de apelaciones cada cinco años, ya que se trata de una atribución absurda y excepcional en el ámbito internacional, señaló Ortiz.
El tercer punto buscar establecer una auténtica carrera judicial basada en méritos y no en vínculos políticos.
Otro de los ejes plantea una renovación escalonada de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad, ya que Guatemala, junto con Nicaragua, son los únicos países de la región que reemplazan por completo a todos los magistrados de ambas Cortes, cada cada cinco años.
Este modelo permite que una misma mayoría legislativa controle ambos tribunales, según la organización civil, y proponen como alternativa, renovar a sus integrantes por tercios.
Y finalmente, el quinto punto propone separar las tareas administrativas de las jurisdiccionales dentro de la Corte Suprema de Justicia, ya que el tribunal esta concentrado en un solo órgano que dedica el 80% de su tiempo al manejo de presupuesto, compras y nombramientos de jueces y funcionarios, según el director de Poder Ciudadano.
Proceso de verificación de firmas y votos del Congreso
De acuerdo con el procedimiento constitucional, una vez que las firmas y la propuesta fueron entregadas, el Congreso deberá comprobar que al menos 5.000 adhesiones corresponden al distrito legislativo requerido y, de ser así, deberá asignar un número a la iniciativa para que el pleno pueda conocerla a la brevedad.
El debate legislativo podrá llevarse a cabo mediante tres discusiones o por la vía de urgencia nacional y la aprobación requerirá el voto favorable de 107 de los 260 diputados del Congreso, mismo número que se requiere para rechazar el proyecto, en caso de no obtener mayoría positiva o negativa, la iniciativa estaría vigente hasta que el pleno adopte una resolución.
La organización estima que el proyecto podría discutirse en enero de 2027, sin embargo, el avance regular del trámite dependerá de la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre el amparo presentado por Cedecon, horas más tarde de entregar la propuesta.
Elecciones 2027 y desafíos en el Congreso
En caso de se aprobada la propuesta, la consulta popular pretendida, implica que la ciudadanía recibiría una papeleta adicional durante los comicios generales de 2027 para ratificar o rechazar los cambios constitucionales.
En este sentido, el dirigente de Poder Ciudadano, afirmó que la principal dificultad que encuentran es la resistencia de una clase política “atrincherada” durante los últimos años, declaró.
En cuanto a su labor para conseguir los votos necesarios, la organización consultará a los candidatos presidenciales y a los aspirantes al Congreso, cuál es su postura sobre la reforma, además, Ortiz pidió a los voluntarios participantes que contacten a sus diputados para solicitar respaldo a la iniciativa.
Ortiz declaró finalmente que el objetivo principal de la iniciativa es renovar con urgencia el sistema de justicia, ya que de acuerdo al consenso popular y a diversos rankings internacionales relacionados al estado de derecho, el país se encuentra entre los peores evaluados en materia de justicia.
Se trata de persuadir, de manera responsable, a la ciudadanía para que participen y sean ellos mismos quienes puedan transmitir el anhelo de cambio a las disputados del Congreso para aprobar la propuesta, concluyó.
