La propuesta de Q192 mil 45 millones podría sufrir cambios en el déficit fiscal, el endeudamiento y las asignaciones a distintas instituciones, mientras persisten cuestionamientos sobre la ejecución del gasto público y su posible uso electoral.
La Comisión de Finanzas del Congreso de la República concluirá esta semana las audiencias públicas sobre el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, presentado por el Ejecutivo por un monto de Q192 mil 45 millones. Posteriormente, los diputados iniciarán la discusión técnica y política de posibles modificaciones a la iniciativa.
La previsión es emitir el dictamen antes del 10 de noviembre, para trasladarlo al pleno legislativo, donde será discutido y sometido a consideración de los diputados. Aunque se anticipa que el presupuesto podría recibir aprobación, algunos de sus componentes están bajo análisis, especialmente el déficit fiscal proyectado en 4.4% del producto interno bruto (PIB) y el aumento del techo de endeudamiento.
También se evalúa la posibilidad de mantener medidas de apoyo ante el incremento de los precios de los combustibles, entre ellas una exoneración temporal de impuestos.
De acuerdo con la legislación vigente, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto de 2027, que entraría en vigor el 1 de enero del próximo año.
Necesidad de asesoría técnica tras la salida de Estrada
La salida del diputado Julio Héctor Estrada Domínguez de la presidencia de la Comisión de Finanzas, luego de solicitar una licencia por motivos de salud el pasado 30 de septiembre, podría incrementar la necesidad de asistencia técnica del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) durante la elaboración del dictamen.
El diputado Orlando Blanco, integrante de la comisión y de la Junta Directiva del Congreso, explicó que, aunque no se reconoce formalmente la participación del Minfin en la elaboración del dictamen, existe una coordinación habitual entre ambas instancias para evaluar los aspectos técnicos de la propuesta presupuestaria.
Según Blanco, el Ejecutivo presenta una iniciativa respaldada por estudios y análisis especializados que sirven como referencia durante la discusión legislativa, por lo que cualquier modificación debe considerar sus efectos sobre las fuentes de financiamiento y la distribución de los recursos.
El legislador señaló que la comisión suele consultar al Ministerio de Finanzas cuando analiza la posibilidad de reducir o trasladar asignaciones presupuestarias, con el propósito de determinar las consecuencias de esos cambios.
A su juicio, la salida de Estrada podría hacer más necesario ese acompañamiento, debido a la experiencia que el exministro de Finanzas aportaba a las discusiones de la comisión.
Blanco anticipó que la presidencia de la sala legislativa probablemente solicitará apoyo técnico al Minfin cuando comiencen a definirse las modificaciones que se incorporarán al dictamen.
Cuestionan sustento técnico del gasto público
El analista político independiente Douglas González cuestionó la calidad técnica de los presupuestos aprobados en los últimos años. A su criterio, las asignaciones de recursos públicos no siempre responden a criterios adecuados de planificación ni cuentan con suficiente respaldo técnico.
González sostuvo que, pese a los argumentos presentados por el Ministerio de Finanzas para justificar la distribución del gasto, persisten prácticas que considera cuestionables.
El analista afirmó que la asignación de recursos ha favorecido una distribución discrecional del presupuesto y señaló los fondos extraordinarios destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) como uno de los ejemplos de esta situación.
También advirtió que estas prácticas podrían propiciar el clientelismo político y el uso indebido de los recursos públicos.
Alertan sobre posibles intereses electorales
González considera que la propuesta presupuestaria para 2027 reproduce patrones observados en administraciones anteriores, cuando el gasto público aumenta en períodos cercanos a las elecciones.
Según el analista, el crecimiento del gasto antes de los procesos electorales puede responder a intereses políticos y generar incentivos para utilizar los recursos públicos con fines partidarios.
Asimismo, advirtió que el incremento del déficit fiscal y del endeudamiento no constituye necesariamente el principal problema, siempre que los recursos se destinen a una estrategia de desarrollo con objetivos claros y resultados verificables.
Su principal preocupación, explicó, es que el aumento del gasto no esté vinculado con metas medibles ni con mecanismos suficientes de rendición de cuentas.
Baja ejecución presupuestaria podría provocar recortes o reasignaciones
Durante las audiencias públicas, la Comisión de Finanzas solicitó a las instituciones información sobre las asignaciones presupuestarias vigentes y los porcentajes de ejecución registrados hasta la fecha.
Blanco mencionó que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reporta una ejecución cercana al 40%; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), del 50%, y el Ministerio de Cultura y Deportes, de aproximadamente el 55%.
Estos niveles de ejecución generan dudas sobre la capacidad de algunas entidades para utilizar los recursos que tienen disponibles, indicó el diputado.
Por esa razón, los resultados de ejecución podrían influir en las decisiones de la comisión al momento de revisar las asignaciones previstas para 2027. Las instituciones con dificultades para ejecutar sus presupuestos podrían enfrentar cuestionamientos sobre la necesidad de mantener o incrementar sus recursos.
En contraste, Blanco indicó que todas las instituciones del sector justicia solicitaron aumentos presupuestarios por encima de los techos contemplados en la propuesta del Ejecutivo.
La comisión también prevé conocer esta semana las solicitudes de asignación de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
En cuanto a los Codedes, el proyecto de presupuesto contempla alrededor de Q4 mil 900 millones de aporte ordinario y otros Q1 mil 200 millones en asignaciones extraordinarias, fondos que podrían formar parte de la discusión sobre la distribución del gasto público.
Acuerdos políticos definirán la agenda del Congreso
Además de la discusión presupuestaria, el Congreso avanzará esta semana en la elección de la Junta Directiva para el período 2027-2028, programada para este martes 27 de octubre.
Blanco estimó que existe un 80% de probabilidades de que la nueva integración mantenga una composición similar a la actual, lo que dependerá de los acuerdos políticos entre las distintas bancadas.
Después de la elección, los diputados prevén abordar varias iniciativas consideradas prioritarias durante el tramo final del período ordinario de sesiones, que concluye en noviembre.
Entre los temas pendientes figuran el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, la Ley de Ciberseguridad y el proyecto de construcción del MetroRiel, iniciativas que el Ejecutivo busca impulsar antes del cierre de las sesiones ordinarias.
Con el plazo legal para aprobar el presupuesto cada vez más cercano, la comisión deberá conciliar las solicitudes de las instituciones públicas, las observaciones sobre la ejecución del gasto y las consideraciones fiscales y políticas que determinarán el contenido final del dictamen.
