La Intendencia de Verificación Especial (IVE) reveló que las cuentas monetarias y de ahorro representan casi ocho de cada diez registros de productos financieros vinculados con reportes de transacciones sospechosas (RTS), según su primer boletín estadístico publicado tras la entrada en vigor de la nueva ley antilavado en Guatemala.
Los datos recopilados hasta el 30 de septiembre de 2026, forman parte de la nueva etapa de funcionamiento de la IVE como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país, en el marco de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, vigente desde el pasado 17 de septiembre.
Cuentas monetarias encabezan los registros
De acuerdo con el boletín mensual de la IVE, las cuentas monetarias representan el 43.2% de los registros asociados con los RTS recibidos, mientras que las cuentas de ahorro concentran el 36%.
En conjunto, ambos productos financieros acumulan el 79.2% de los registros, lo que los convierte en las principales categorías dentro de la distribución reportada por la institución.
Otros productos presentan porcentajes menores. Las remesas representan el 8.8%; los préstamos, el 2.7%; y las tarjetas de crédito, el 2.4%. La categoría de otros productos suma el 6.9% e incluye operaciones relacionadas con compraventa de divisas, depósitos a largo plazo, pólizas y transferencias, entre otras.
El origen de los fondos reportados
El informe también detalla la distribución geográfica del origen de los fondos vinculados con operaciones reportadas por las personas obligadas a informar a la IVE, excluyendo a Guatemala.
Norteamérica registra el 24.3% de los casos, seguida de Europa Occidental, con el 18.8%, y Asia Oriental, con el 18.5%. Estas tres regiones reúnen el 61.6% de los registros relacionados con el origen de los fondos.
Centroamérica representa el 12.5%, mientras que Suramérica alcanza el 5.8%. En otras regiones, los porcentajes son inferiores, entre ellas África Occidental, con el 3.6%; el Sureste de Asia, con el 3.2%; y Europa del Sur y el Caribe, con el 2.6% cada una.
El boletín también identifica participaciones de África Oriental, Europa Central y Asia Occidental, además de otras regiones con porcentajes individuales inferiores al 1%.
Norteamérica lidera como destino de los fondos
En cuanto al destino geográfico de los recursos relacionados con los reportes de transacciones sospechosas, Norteamérica concentra el 65.6% de los registros al 30 de septiembre de 2026.
Le siguen Europa Occidental, con el 8.4%; Asia Oriental, con el 8.1%; y Centroamérica, con el 5.8%. En conjunto, estas cuatro regiones representan el 87.9% de los registros correspondientes al destino de los fondos.
En proporciones menores figuran Suramérica, con el 2.6%; África Occidental y Europa del Sur, con el 1.6% cada una; el Sureste de Asia, con el 1.4%; el Caribe, con el 1.2%; África Oriental, con el 1.1%; y Europa Central, con el 1%.
La IVE reporta miles de operaciones sospechosas
Según las cifras divulgadas, al 30 de septiembre de 2026 las personas obligadas habían remitido a la IVE un total de 4,854 reportes de transacciones sospechosas.
En el marco de sus funciones como Unidad de Inteligencia Financiera, la institución analiza la información recibida y traslada al Ministerio Público (MP) los reportes que contienen posibles indicios de delitos, para que la fiscalía especializada determine las acciones que correspondan dentro de sus competencias.
Antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, la IVE había reportado al MP, hasta el 16 de septiembre, Q11,330 millones vinculados con posibles operaciones de lavado de dinero, 1,669 personas involucradas y 229 denuncias.
Durante 2025, la institución reportó Q15,967 millones relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero, 2,295 personas involucradas y 318 denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
Entre los delitos que las autoridades relacionan con posibles operaciones de lavado de dinero figuran el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, la estafa y la extorsión.
La presentación de un RTS no constituye, por sí sola, una confirmación de que se haya cometido un delito. Corresponde a las autoridades competentes analizar la información y establecer si existen elementos que justifiquen una investigación o acciones legales.
