Las cámaras empresariales de Guatemala se pronunciaron ante el secuestro de funcionarios del Ministerio Público (MP), elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que fueron retenidos en contra de su voluntad este miércoles 28 de octubre por pobladores de Chichicastenango, Quiché, durante un operativo contra el contrabando y defraudación aduanera.
El sector privado exigió la liberación inmediata de los funcionarios y demandaron que se garantice su vida e integridad física. Además, respaldaron las acciones de las autoridades para combatir el contrabando y la defraudación fiscal, ya que estos delitos afectan la salud, la seguridad, las oportunidades de empleo y la competitividad del comercio formal en Guatemala.
Cacif, Amcham y CIG se pronuncian
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se pronunció ante lo sucedido y emitió un comunicado para condenar la retención y las amenazas en contra de funcionarios en el departamento de Quiché.
Asimismo, exigió la liberación inmediata de los afectados y el respeto absoluto a su vida e integridad física.
En el comunicado, el sector empresarial enfatizó que ningún reclamo justifica el uso de la violencia ni la coacción y recalcó que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y dentro del marco de la ley.
El Cacif señaló que el contrabando y la defraudación aduanera afectan el empleo formal, la competencia justa y los ingresos del Estado, por lo que reiteró su respaldo ante los operativos y sostuvo que este tipo de acciones son necesarias para hacer cumplir la ley y proteger a las empresas que operan dentro de la legalidad, así como las fuentes de empleo que dependen de la actividad económica formal.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana también se sumó a la condena por la retención de funcionarios públicos ocurrida este miércoles en Quiché e hizo un llamado a su liberación inmediata, así como al respeto y preservación de su vida e integridad.
Amcham indicó que estos hechos representan una vulneración al Estado de Derecho y obstaculizan el trabajo que las instituciones realizan para garantizar el cumplimiento de la ley.
“Ninguna inconformidad o reclamo puede justificar el uso de la violencia, la intimidación o la coacción contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones”, señaló el comunicado.
En este caso, Amcham exhortó a que las diferencia se canalicen por las vías institucionales, preservando siempre el respeto a la ley, la seguridad de las personas y el fortalecimiento de la institucionalidad del país.
Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó el secuestro de funcionarios en Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, quienes cumplían funciones oficiales en el marco de las acciones del COINCON y advirtió que estos hechos ponen en riesgo su integridad y su vida.
La entidad señaló que las acciones de las autoridades buscan hacer cumplir la ley y combatir el contrabando y la defraudación fiscal, contribuyendo a proteger la salud, la seguridad y las oportunidades de empleo de los guatemaltecos.
Asimismo, exigió a las autoridades competentes actuar de inmediato para garantizar la seguridad y pronta liberación de las personas retenidas, hacer prevalecer el Estado de derecho y evitar que estos hechos queden en la impunidad.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente todas las cifras exactas de personas retenidas, no obstante, reconocieron que personal fiscal y policial permanece bajo cautiverio mientras continuaban las negociaciones para lograr su liberación.
La gravedad de la situación aumentó tras denuncias de supuestas agresiones físicas contra algunos fiscales e incluso circuló un audio en el que uno de los fiscales solicitaba ayuda para recuperar su libertad.
Este caso ha generado mucha preocupación debido a que los funcionarios realizaban labores relacionadas con la aplicación de la ley y el combate a delitos que afectan directamente la economía formal del país.
