Guatemala tiene por delante una agenda de reformas legislativas para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, firmado el pasado 30 de enero de 2026. Según representantes del sector privado, el país necesita modificar 20 leyes vigentes, aprobar cinco nuevas normativas y avanzar en la ratificación de cinco tratados internacionales.
El planteamiento fue presentado durante una audiencia ante la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, el pasado miércoles 28 de octubre, la cual estuvo presidida por el diputado Jorge Ayala.
La reunión fue solicitada por la Comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales (Cencit), integrada por representantes de Agexport, Asazgua, la Cámara del Agro, la Cámara de Comercio, la Cámara de Finanzas de Guatemala y la Cámara de Industria.
Los empresarios señalaron que estas modificaciones son necesarias para avanzar en la implementación del acuerdo y mantener condiciones preferenciales para las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos.
Entre las leyes que podrían ser reformadas figuran el Código de Salud, la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Simplificación de Trámites. Asimismo, destacaron la necesidad de aprobar una legislación de protección de datos personales y avanzar con el Protocolo de Madrid.
De acuerdo con Cencit, el cumplimiento del acuerdo comprende más de 70 acciones. Mientras el Ministerio de Economía ha identificado más de 77 compromisos, el análisis del sector empresarial contabiliza aproximadamente 72.
Ante la cantidad de disposiciones pendientes, los representantes privados propusieron establecer una mesa técnica con diputados y asesores de la Comisión de Economía para trabajar en la elaboración de las iniciativas legislativas.
Exportaciones mantienen exposición a los aranceles
Uno de los aspectos que genera preocupación entre los empresarios es que, aunque cerca del 75% de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos ingresa actualmente con arancel cero, buena parte de ese beneficio responde a decisiones unilaterales del Gobierno estadounidense.
Representantes de la Cámara del Agro explicaron que las exenciones dependen, en varios casos, de listados de productos que pueden modificarse, por lo que consideran que estas condiciones ofrecen menos certeza que las preferencias establecidas mediante acuerdos comerciales bilaterales.
Por su parte, Agexport advirtió que vegetales, frutas no tradicionales, algunas manufacturas y productos de los sectores agrícola y pesquero continúan pagando un arancel del 10% para ingresar al mercado estadounidense.
Los sectores afectados representan alrededor de US$1 mil 500 millones en exportaciones hacia ese país, según los datos expuestos durante la audiencia.
Los empresarios también reportaron una reducción del 23% en las exportaciones de vegetales y una caída del 7% en el sector agrícola y pesquero. No obstante, aclararon que estos resultados responden a diversos factores, entre ellos los costos logísticos, las deficiencias de infraestructura y los problemas de competitividad, por lo que no pueden atribuirse exclusivamente a los aranceles.
A estas dificultades se suma la competencia de productos mexicanos que, según los representantes empresariales, ingresan al mercado estadounidense bajo condiciones arancelarias más favorables.
Pequeños productores entre los sectores más vulnerables
La preocupación empresarial se concentra también en el impacto que las condiciones comerciales pueden tener sobre los pequeños productores agrícolas y las familias que dependen de las exportaciones.
Durante la reunión se indicó que el sector de hortalizas y vegetales genera entre US$250 millones y US$300 millones en exportaciones y vincula a unos 30 mil pequeños productores. Entre los departamentos con mayor participación en esta actividad se mencionaron Chimaltenango, Quiché, Quetzaltenango y San Marcos.
En el sector frutícola, Agexport estima que la actividad genera alrededor de ocho millones de jornales temporales anuales y 29 mil empleos permanentes, además de involucrar a unas 25 mil familias.
Para la producción de vegetales, las estimaciones empresariales apuntan a que aproximadamente 70 mil familias podrían verse afectadas por las dificultades que enfrenta la actividad.
Los representantes también advirtieron que sustituir el mercado estadounidense no es una solución inmediata. Explicaron que Canadá presenta limitaciones por la falta de rutas marítimas directas, mientras que los tiempos de transporte hacia Europa, que oscilan entre 15 y 18 días, dificultan el envío de productos perecederos.
Empresarios alertan sobre compromisos pendientes
Durante la audiencia también se abordaron otros compromisos que Guatemala debe atender para avanzar en la implementación del acuerdo comercial.
Uno de ellos es la incorporación del etanol en los combustibles, cuyo plazo inicial de cumplimiento estaba previsto para el 30 de noviembre. Los representantes empresariales señalaron que la aplicación de esta medida continúa siendo parcial y expresaron preocupación ante versiones sobre una posible ampliación del plazo hasta octubre de 2027.
Sin embargo, aclararon que no existe confirmación de que dicha prórroga haya sido aprobada oficialmente. Advirtieron que un retraso podría interpretarse como una señal de incumplimiento de los compromisos asumidos por el país.
Otro punto señalado fue la publicación, prevista para el 16 de noviembre, de una lista de entidades estadounidenses que Guatemala deberá reconocer en el marco de las medidas para evitar la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.
Para cumplir con esta disposición será necesaria la coordinación entre los ministerios de Economía y Trabajo, así como la participación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en los controles aduaneros.
En materia sanitaria, los empresarios identificaron como pendiente la implementación de una matriz de análisis de riesgo que permita reducir inspecciones que consideran innecesarias en las importaciones de productos congelados.
Congreso analizará propuestas del sector privado
El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Jorge Ayala, solicitó a los representantes empresariales ampliar la información sobre el impacto de los aranceles, la pérdida de competitividad y las posibles consecuencias para los pequeños productores y el empleo.
En la reunión también se planteó la importancia de fortalecer las políticas de innovación agrícola, ampliar los sistemas de riego y desarrollar mecanismos que permitan elevar la productividad del sector exportador.
Los representantes de Cencit insistieron en que el cumplimiento del Acuerdo de Comercio Recíproco debe asumirse como una agenda nacional, debido a sus implicaciones para el comercio, la inversión y la generación de empleo.
Por ello, reiteraron la necesidad de trabajar junto con el Congreso para preparar las reformas legales y normativas pendientes, con el objetivo de avanzar en los compromisos adquiridos y brindar mayor certeza a las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos.
