El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) tendrá a su cargo las acciones de ciberdefensa para proteger las redes militares, los sistemas informáticos y las infraestructuras críticas del país, según lo establece la nueva Ley Marco de Ciberseguridad, aprobada por el Congreso de la República.
La normativa establece un marco institucional, administrativo, penal y procesal para prevenir, atender e investigar amenazas y ataques en el ciberespacio. Entre sus principales objetivos se encuentran fortalecer las capacidades técnicas del Estado, proteger la información, combatir los delitos informáticos y promover la cooperación internacional.
El artículo 33 del decreto asigna al Ministerio de la Defensa Nacional la responsabilidad de ejecutar las acciones de ciberdefensa, función que deberá desarrollar mediante una unidad especializada. Esta atribución será independiente de la rectoría sectorial de ciberseguridad, que corresponde al Ministerio de Gobernación (Mingob), por medio de la Dirección Nacional de Ciberseguridad.
La ley define la ciberdefensa como el empleo de capacidades militares para responder a amenazas o actos hostiles de naturaleza cibernética que puedan afectar infraestructuras críticas, la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional o la institucionalidad del país.
Entre las responsabilidades del Mindef figura mantener coordinación permanente con el Mingob, así como colaborar en la prevención y contención de ciberamenazas que puedan comprometer infraestructuras estratégicas y la defensa nacional.
También deberá proporcionar apoyo técnico especializado a la Dirección Nacional de Ciberseguridad y al Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala cuando ocurran ataques contra infraestructuras críticas, por lo que tendrá que establecer protocolos de actuación conjunta con ambas instituciones.
Otra de las atribuciones consiste en implementar medidas de protección preventiva y activa para las redes militares, los sistemas informáticos y las tecnologías de información y comunicación que formen parte de infraestructuras críticas relacionadas con la defensa nacional.
Asimismo, el Ministerio deberá elaborar y actualizar un Catálogo de Infraestructuras Críticas Digitales, además de establecer protocolos, estrategias y criterios de protección para resguardar estos activos.
En materia de inteligencia, la cartera tendrá la responsabilidad de identificar, recopilar, procesar y analizar información relacionada con amenazas, riesgos y vulnerabilidades que puedan afectar la ciberdefensa y la seguridad nacional. Estos datos deberán servir de apoyo para la toma de decisiones de las autoridades competentes.
La legislación también contempla la elaboración de protocolos para atender amenazas en el ciberespacio y establece que el Mindef podrá actuar como punto de contacto internacional en asuntos de ciberdefensa y deberá brindar seguimiento, apoyo y recomendaciones cuando sean requeridos.
Entre las obligaciones institucionales se incluye actualizar políticas, estrategias, planes y procedimientos para prevenir, detectar, contener y responder a incidentes que afecten los sistemas vinculados con la defensa nacional. Estas acciones también deberán contemplar la recuperación de los sistemas después de sufrir ataques cibernéticos.
La formación del personal será otro componente de la nueva normativa. El Mindef deberá desarrollar programas de capacitación continua, entrenamiento especializado, simulacros técnicos y ejercicios conjuntos de ciberdefensa, tanto en el ámbito nacional como internacional.
De igual manera, tendrá que informar al Consejo Nacional de Ciberseguridad sobre la atención, el seguimiento y la resolución de incidentes relacionados con esta materia, así como brindar asesoría técnica para el diseño de políticas, programas y estrategias de protección.
Límites constitucionales para la ciberdefensa
Uno de los aspectos destacados del artículo 33 es que establece límites para el ejercicio de estas atribuciones. La ley señala expresamente que las acciones de ciberdefensa no podrán vulnerar las garantías individuales y sociales reconocidas en la Constitución Política de la República de Guatemala.
La aplicación de las nuevas responsabilidades también dependerá de la elaboración de su reglamentación, el desarrollo de capacidades técnicas y la identificación de las infraestructuras que serán consideradas críticas para la seguridad nacional.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, destacó la importancia de contar con esta legislación ante el incremento de amenazas digitales, entre ellas el robo de identidad, los fraudes financieros y la vulneración de datos, situaciones que pueden afectar tanto a ciudadanos como a instituciones y debilitar la confianza en los servicios digitales.
