El abogado Edgar Ortiz, directivo de la organización Poder Ciudadano, afirmó que las amenazas e intimidaciones contra integrantes de esa entidad motivaron el retiro de su propuesta de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia.
La decisión fue comunicada al Congreso de la República la mañana del jueves 5 de noviembre. Según Ortiz, la medida responde exclusivamente a razones de seguridad, luego de una serie de incidentes que también afectaron a voluntarios de la organización en distintas regiones del país.
El directivo señaló que el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa generó mayor preocupación dentro de la organización, al considerar que este hecho envió un mensaje negativo sobre el contexto de seguridad que enfrenta el país. A esto se sumaron amenazas directas, intimidaciones y seguimientos contra integrantes del equipo.
Ortiz explicó que algunos voluntarios han sido objeto de presiones por parte de personas vinculadas al crimen organizado en sus localidades. Uno de ellos presentó una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas telefónicas, sin embargo, otros han preferido no hacer públicas las intimidaciones por temor a las represalias.
El dirigente relató que en su caso y el de su esposa, identificaron seguimientos de vehículos y motocicletas, así como personas que les tomaban fotografías en espacios públicos y sujetos armados que asistían a sus actividades con aparentes fines intimidatorios. También recibieron mensajes amenazantes a través de terceros y redes sociales.
Las intimidaciones comenzaron durante la recolección de firmas para respaldar la propuesta y aumentaron de intensidad conforme pasó el tiempo y la propuesta ganaba más visibilidad.
No obstante, el episodio más reciente ocurrió hace dos semanas aproximadamente, antes de anunciar el retiro de la iniciativa, cuando detectaron nuevos seguimientos que elevaron las alertas de seguridad, según señaló Ortiz.
Ante este escenario, Poder Ciudadano decidió suspender sus actividades presenciales, al menos durante el resto del año, para proteger a sus integrantes y voluntarios. La organización también evalúa la posibilidad de acudir a instancias internacionales para solicitar acompañamiento, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La propuesta continuará por otras vías
Pese al retiro de la iniciativa, Ortiz considera que la discusión sobre las reformas constitucionales en materia de justicia no debe desaparecer y explicó que 11 diputados asumieron la propuesta y la presentaron por cuenta propia, lo que permitirá continuar con su socialización y abrir el debate en el Congreso.
El abogado reconoció que alcanzar los 107 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional representa un desafío, pero insistió en que el propósito de Poder Ciudadano ha sido aportar elementos para discutir posibles cambios al sistema de justicia, no necesariamente conseguir una aprobación inmediata.
También señaló que existen intereses dentro y fuera del sistema de justicia que, a su criterio, se benefician del funcionamiento actual y no desean que se impulsen transformaciones.
Asimismo, consideró que la proximidad del proceso electoral de 2027 ha contribuido a elevar la tensión y a desacreditar la iniciativa bajo señalamientos de supuestos intereses políticos.
En ese sentido, reiteró que no tiene intención de participar como candidato en las elecciones de 2027 y rechazó que las actividades de Poder Ciudadano respondan a aspiraciones electorales.
Llama a la unidad frente a las intimidaciones
Al referirse a las consecuencias políticas del retiro de la propuesta, Ortiz consideró que el clima de violencia busca silenciar a quienes piensan diferente y reconoció que, hasta cierto punto, las amenazas representan un triunfo para los sectores que recurren a la intimidación.
Sin embargo, sostuvo que la respuesta debe ser la unidad entre distintos sectores sociales e ideológicos para enfrentar a quienes utilizan la violencia y el crimen organizado como mecanismos de presión.
El directivo aseguró que Poder Ciudadano continuará con sus actividades de fiscalización ciudadana, entre ellas el trabajo de sus observadores en el Congreso de la República y la Corte, y también anunció que el próximo año incorporarán el eje electoral a sus líneas de trabajo.
Sobre el respaldo institucional recibido, Ortiz informó que la Policía Nacional Civil, por medio del Ministerio de Gobernación, se acercó para ofrecer seguridad pública y realizar una evaluación de riesgo, no obstante, la organización decidió no aceptar el acompañamiento en ese momento y optó por reforzar medidas de seguridad privada.
Finalmente, envió un mensaje a los ciudadanos que respaldaron la iniciativa mediante sus firmas y aseguró que el trabajo realizado fue valiente y muy importante ya que permitió incomodar a sectores con poder.
También consideró necesario ajustar la estrategia, ampliar la participación de distintos actores y convertir la propuesta en un proyecto de alcance nacional, más allá de una organización en particular.
