La penetración del narcotráfico en la política guatemalteca vuelve a quedar bajo el escrutinio de la justicia estadounidense. Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, integrante de Los Zetas, se declaró culpable el 22 de abril de 2026 y reconoció que la organización criminal entregó millones de dólares en sobornos al candidato que ganó las elecciones presidenciales de Guatemala en 2007.
La admisión quedó plasmada en una declaración de hechos firmada por Pérez Rojas, su abogado y la fiscalía estadounidense, dentro del proceso judicial que se sigue en Washington contra los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, señalados como antiguos líderes de Los Zetas.
En el documento, Pérez Rojas reconoció que, a principios de 2008, después de que la organización pagara millones de dólares en sobornos al candidato ganador de los comicios presidenciales guatemaltecos, él y otros integrantes del grupo criminal viajaron a Guatemala para reunirse con miembros del gobierno y discutir la expansión de sus operaciones en el país.
Aunque el documento no identifica al político ni a la agrupación beneficiada, el ganador de las elecciones de 2007 fue Álvaro Colom, candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien asumió la presidencia en enero de 2008 y falleció en 2023.
La expansión de Los Zetas y la masacre de Zacapa
La declaración de Pérez Rojas también aporta detalles sobre las operaciones de Los Zetas en Guatemala, ya que el acusado reconoció que durante su visita de 2008 sostuvo reuniones con narcotraficantes locales para garantizar el suministro de cocaína.
Además, aceptó que organizó un encuentro con Juan José “Juancho” León Ardón, uno de los principales narcotraficantes del oriente del país, quien fue asesinado junto con varios de sus socios y guardaespaldas en la denominada masacre de Zacapa.
Pérez Rojas fue capturado en Guatemala el 4 de abril de 2008 y posteriormente condenado a 47 años de prisión por su participación en la masacre que dejó una total de once muertes.
En marzo de 2015 fue entregado a las autoridades mexicanas para que siguiera cumpliendo su condena y enfrentara otros procesos por delitos cometidos en ese país; sin embargo, en agosto de 2025 fue expulsado a Estados Unidos al amparo de la Ley de Seguridad Nacional.
En una solicitud de prisión preventiva, la fiscalía estadounidense lo describió como responsable de las comunicaciones de Heriberto Lazcano, entonces líder de Los Zetas. También sostuvo que colaboró con Miguel Treviño Morales, conocido como Z-40, en la masacre de Zacapa y aseguró contar con grabaciones en las que Pérez Rojas y otros integrantes discutían sus actividades criminales.
Su acuerdo de culpabilidad no contempla una cláusula de cooperación con las autoridades. La fiscalía se comprometió a no solicitar una pena superior a 40 años de prisión, aunque las directrices de sentencia contemplan la posibilidad de cadena perpetua.
La audiencia de sentencia, inicialmente programada para el 17 de noviembre de 2026, fue aplazada y ahora está prevista para abril de 2027.
El testimonio de los US$24 millones
Lo declarado por Pérez Rojas coincide con el testimonio que otro integrante de Los Zetas ofreció ante la justicia estadounidense en 2021.
Se trata de José María Guízar Valencia, alias “Z-43”, quien estuvo a cargo de las operaciones del cártel en Guatemala. El 4 de agosto de 2021, durante una audiencia de sentencia celebrada en Plano, Texas, reveló que recibió instrucciones para entregar US$24 millones a la campaña presidencial de Álvaro Colom.
Durante el interrogatorio, el fiscal Ernest González le preguntó si conocía la cantidad de dinero que se había pagado al expresidente guatemalteco, a lo que Guízar respondió que le habían ordenado entregar 24 millones de dólares para la campaña política.
Según su declaración, el objetivo de esos pagos era obtener facilidades para descargar paquetes de cocaína procedentes de Colombia y operar sin obstáculos en aeropuertos y aduanas del país.
Guízar también atribuyó a Miguel Treviño Morales el asesinato de Juancho León, al asegurar que fue el Z-40 quien lo mató personalmente, según publicó el medio eP Investiga en abril de 2025.
Aunque ambos testimonios apuntan a la presunta financiación de la campaña de Colom por parte de Los Zetas, existen diferencias importantes entre los documentos judiciales.
Guízar declaró como testigo en 2021, cuatro meses antes de firmar su propio acuerdo de culpabilidad. En 2023, la fiscalía confirmó que mantenía un acuerdo de cooperación con el Gobierno estadounidense.
Pérez Rojas, por su parte, no asumió compromisos de colaboración con los fiscales, sino que su declaración forma parte de los hechos que aceptó como ciertos para sustentar su declaración de culpabilidad.
También difieren en el nivel de detalle: mientras Guízar mencionó directamente a Álvaro Colom y cuantificó el supuesto pago en US$24 millones, Pérez Rojas únicamente habló de millones de dólares entregados al candidato ganador de las elecciones, sin identificarlo.
Ninguno de los dos documentos establece quiénes recibieron directamente el dinero ni describe el mecanismo utilizado para distribuirlo.
Acusación que ya había sido documentada
Las revelaciones tampoco son completamente nuevas. En 2018, una investigación del medio periodístico de investigación InSight Crime documentó, a partir de fuentes vinculadas con el UNE, que dinero procedente de Los Zetas habría llegado a la campaña electoral de 2007.
Ahora, una fuente que participó en aquella campaña aseguró que, entre la primera y la segunda vuelta electoral, comenzaron a recibir dólares para cubrir gastos de propaganda y actividades proselitistas, según el medio de comunicación.
La fuente, quien solicitó mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, relató que los recursos se entregaban directamente en dólares y que los integrantes de la campaña debían buscar dónde cambiarlos a quetzales para financiar mítines y otros gastos, incuso llegó a cambiar el dinero en la vía pública, en la séptima avenida, donde podía realizar las operaciones sin que le hicieran preguntas, según su testimonio.
Los Zetas podrían revelar más detalles sobre Guatemala
La sexta acusación sustitutiva contra los hermanos Treviño Morales, presentada el 29 de abril de 2026, incluye entre los hechos imputados, el asesinato de Juancho León en Zacapa, ocurrido en 2008, y el del fiscal Allan Stowlinsky Vidaurre, perpetrado en Cobán en 2011.
De acuerdo con el testimonio de Z-43, Miguel Treviño habría ordenado el pago de dinero a la campaña presidencial de 2007. La declaración de Pérez Rojas añade un segundo reconocimiento judicial sobre los sobornos que Los Zetas habrían entregado al candidato ganador.
Si estos procesos avanzan a juicio, las operaciones del cártel en Guatemala y sus presuntos vínculos con estructuras políticas y gubernamentales podrían quedar expuestos en audiencias públicas ante tribunales estadounidenses.
Washington endurece su discurso contra la narcopolítica
Las revelaciones judiciales se conocen mientras Guatemala se prepara para las elecciones generales de 2027 y la Embajada de Estados Unidos intensifica sus advertencias sobre la influencia del narcotráfico en las instituciones políticas.
El 14 de agosto, la Embajada estadounidense calificó de “alarmantes, pero no sorprendentes” las informaciones sobre políticos vinculados con el narcotráfico y reiteró que Washington mantiene una política de “cero tolerancia” hacia los narcotraficantes y quienes les brindan cobertura política.
El 13 de septiembre, al referirse a las sanciones impuestas contra siete exfuncionarios de Ecuador, la embajada amplió su mensaje al señalar que Estados Unidos no tolera la narcopolítica en el hemisferio y que nadie está exento de las consecuencias.
En octubre, el partido Servir, liderado por Carlos Pineda, entregó a la embajada un listado de aspirantes políticos para solicitar una revisión de sus perfiles. La respuesta estadounidense fue que no tiene funciones de verificación de candidatos y que los procesos electorales corresponden a la soberanía guatemalteca.
Sin embargo, reiteró su compromiso de combatir la influencia del narcotráfico en las instituciones y evitar que las organizaciones criminales tengan espacio en las elecciones.
A finales de octubre, la embajada volvió a pronunciarse tras cuestionar la celebración de la fiesta de quince años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle, actividad que fue señalada como una “narcoquinceañera”, en medio de los cuestionamientos por los antecedentes de narcotráfico del esposo de la funcionaria, condenado en Estados Unidos.
La representación diplomática pidió ampliar la vigilancia electoral a todos los niveles de gobierno: presidencial, legislativo y municipal.
El 3 de noviembre, el encargado de Negocios, Jorgan K. Andrews, advirtió ante estudiantes universitarios que el narcotráfico y el crimen organizado buscan comprar influencia, intimidar a la ciudadanía e intervenir en la agenda política del país.
El presidente Bernardo Arévalo también ha identificado la narcopolítica como una amenaza para la democracia guatemalteca de cara al próximo proceso electoral.
Las declaraciones de Pérez Rojas y Guízar Valencia trasladan esa preocupación al terreno judicial. Lo que hoy representa una advertencia sobre los riesgos de la financiación ilícita de campaña, tiene ahora dos testimonios de integrantes de Los Zetas incorporados a expedientes de la justicia estadounidense, relacionados con la elección presidencial que llevó a Álvaro Colom al poder en 2008.



