Zacapa en estado de Sitio: nueve asesinatos recientes, 84 muertes por arma de fuego y grupos sin nombre siguen generando preocupación

Foto: X @Ejercito_GT

El estado de sitio decretado por el Gobierno de Guatemala en Zacapa e Izabal busca combatir estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, según las autoridades, sin embargo, no han identificado públicamente a los grupos que pretenden desarticular, mientras los ataques armados continúan y crecen las dudas sobre el alcance de las operaciones de seguridad.

La violencia en el departamento de Zacapa continúa generando preocupación, incluso después de que el Gobierno de Guatemala decretara estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal. Entre enero y el 10 de noviembre de 2026, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contabilizó 84 necropsias relacionadas con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en ese departamento.

A esa cifra se suman nueve asesinatos reportados entre el 13 y el 15 de noviembre, cuatro de ellos ocurridos después de que se anunciara la medida extraordinaria.

Pese a la gravedad de los acontecimientos, el Ejecutivo mantiene bajo reserva los nombres de las organizaciones criminales que busca combatir y argumenta que divulgar esa información podría comprometer el desarrollo de las operaciones de seguridad.

La declaratoria sobre el estado de Sitio se oficializó mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado el domingo 15 de noviembre en el Diario de Centro América, en el que se indica que existen informes de inteligencia sobre actividades relacionadas con el narcotráfico, atribuidas a organizaciones criminales transnacionales y terroristas, que presuntamente han cometido ataques contra civiles y autoridades, no obstante, el decreto no identifica a las estructuras señaladas ni establece cuáles estarían vinculadas directamente con los ataques recientes.

Los asesinatos continuaron después del anuncio del estado de sitio

Pese al anuncio de las disposiciones extraordinarias, durante las horas previas y posteriores a su entrada en vigor, la violencia no se detuvo.

La noche del sábado 14 de noviembre, dos hombres fueron asesinados en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas ubicado en la aldea El Oreganal, en Teculután, Zacapa.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Humberto Jiménez Nájera, de 47 años, y Miguel Ángel Hernández Martínez, de 60. Uno murió en el lugar del ataque, mientras que el segundo falleció durante su traslado al Hospital Regional de Zacapa, a la altura del kilómetro 145.5, en el sector de La Fragua.

La mañana del domingo 15 se registró otro ataque armado en la aldea Los Limones, sector La Vegona, municipio de Gualán.

En el hecho murieron María Olga Solano, de 71 años, y su hijo Julián José Isaí García Solano, de 42, quienes fueron atacados dentro de su vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres desconocidos llegaron al inmueble y llamaron a la puerta, cuando las víctimas salieron, fueron atacadas con armas de fuego y fallecieron en el lugar.

Fuentes policiales indicaron que este último hecho no estaría relacionado con las estructuras del narcotráfico que motivaron la declaratoria, sin embargo, los investigadores todavía trabajan para establecer las circunstancias y los posibles móviles del doble asesinato.

Estos cuatro crímenes se suman a la masacre ocurrida el viernes 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa.

En ese lugar, un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes camuflados y equipados con cascos y pasamontañas, irrumpió y disparó contra varias personas. El ataque dejó cinco fallecidos y tres mujeres heridas.

Entre las víctimas mortales estaban Claudia Verónica Perdomo Salguero, de 41 años, y sus hijos Bryan Steven y Brandon Vinicio Pacheco Perdomo, de 21 y 17 años. Durante la incursión también fue atacada una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC).

Zacapa acumula 84 necropsias por heridas de arma de fuego

Las cifras del Inacif reflejan la dimensión de la violencia armada en el departamento antes de los acontecimientos de noviembre.

Entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2026, la institución registró 84 necropsias de muertes por herida de arma de fuego en Zacapa.

Estos datos no incluyen los nueve asesinatos reportados entre el 13 y el 15 de noviembre en La Majada, Teculután y Gualán.

Los municipios de Zacapa, Gualán y La Unión figuran entre los territorios que concentran más registros forenses de este tipo.

La persistencia de los ataques plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad en el departamento y sobre la capacidad de las autoridades para contener a los grupos responsables de la violencia.

Decreto se establece hasta noviembre

Entre los antecedentes que precedieron al estado de sitio figuran varios episodios violentos registrados durante los últimos meses.

Uno de ellos ocurrió el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde murieron varias personas durante una operación en la que se señaló la participación de elementos militares.

Otro hecho relevante fue la emboscada del 6 de noviembre en Río Hondo, donde fallecieron el diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil.

El medio Prensa Libre consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia por qué el Gobierno decidió implementar el estado de sitio hasta noviembre, pese a que desde septiembre se habían registrado hechos violentos de gravedad.

La respuesta oficial fue que la medida constituye una acción extraordinaria que complementa las operaciones de seguridad que ya se desarrollan en el país.

Según la Secretaría, la decisión se sustenta en informes de inteligencia y en la necesidad de garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad de los habitantes de Zacapa e Izabal.

También explicó que una disposición de esta naturaleza requiere evaluaciones técnicas y jurídicas, por lo que no responde exclusivamente a un acontecimiento aislado.

Al solicitar detalles sobre los hechos específicos que justificaron incluir a ambos departamentos, la Presidencia remitió al artículo 2 del Decreto Gubernativo 8-2026.

Ese apartado menciona actividades vinculadas con el narcotráfico, ataques armados, intimidaciones y amenazas contra civiles y autoridades.

Sin embargo, no identifica a las organizaciones responsables ni establece qué acontecimientos concretos motivaron la inclusión de Izabal y tampoco diferencia los hechos atribuidos a cada departamento.

Los Lorenzana, Mendoza y Huistas: sin confirmación oficial

Una de las principales interrogantes gira en torno a las organizaciones criminales que el Gobierno pretende combatir durante los 30 días de estado de sitio.

De acuerdo con información de Prensa Libre, quien cuestionó a la Presidencia sobre la participación de los clanes Lorenzana, Mendoza o Huistas, así como a posibles estructuras procedentes de Honduras, la Secretaría de Comunicación Social evitó confirmar o descartar la participación de dichos grupos.

En lugar de eso, sólo señaló que el esclarecimiento de los hechos corresponde al Ministerio Público, con apoyo de unidades especializadas de la PNC y que no divulgará información que pueda afectar las investigaciones.

La falta de una identificación oficial de las estructuras criminales ocurre después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra los tres grupos guatemaltecos el pasado 13 de noviembre, ya que el Departamento de Estado designó a los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado, mientras que el Departamento del Tesoro impuso sanciones a los Mendoza y los Huistas.

Las autoridades estadounidenses relacionan a estas organizaciones con actividades de narcotráfico internacional y presuntos vínculos con carteles mexicanos, sin embargo, el Gobierno guatemalteco no aclaró si esas designaciones influyeron en la decisión de establecer el estado de sitio o si alguno de esos grupos figura entre los objetivos prioritarios de las operaciones.

Resultados que espera obtener el Gobierno

La Presidencia explicó que las operaciones extraordinarias tienen tres objetivos principales:

-Proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
-Fortalecer el control territorial del Estado.
-Combatir y desarticular estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico.

La Secretaría aseguró que las instituciones actuarán dentro del marco legal y que los resultados serán comunicados mediante información verificada, siempre que su divulgación no comprometa las operaciones.

Por otro lado, el Ejecutivo no precisó cuántas organizaciones pretende desarticular, cuáles municipios tendrán prioridad ni qué indicadores utilizará para medir los resultados durante los 30 días de vigencia de la medida.

El Decreto Gubernativo 8-2026 establece restricciones al ejercicio de determinados derechos constitucionales y autoriza acciones extraordinarias de seguridad, entre ellas allanamientos sin autorización judicial previa en los supuestos establecidos en la normativa.

La coordinación de las operaciones está a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional, en conjunto con el Ministerio de Gobernación y otras instituciones del Estado.

Estados Unidos recomienda evitar Zacapa e Izabal

La situación de seguridad también motivó una alerta de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, emitida el domingo 15 de noviembre.

La representación diplomática recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Zacapa e Izabal durante los 30 días de vigencia del estado de sitio.

Asimismo, informó que el personal del Gobierno estadounidense tiene prohibido desplazarse a esos dos departamentos mientras permanezca vigente la disposición.

A quienes residen en esas áreas les recomendó extremar precauciones, atender las instrucciones de las autoridades guatemaltecas e inscribirse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP), mediante el cual pueden recibir actualizaciones sobre las condiciones de seguridad.

La alerta también hace referencia a posibles restricciones de movilidad, toques de queda y limitaciones para reuniones públicas y privadas, por lo que remite a las disposiciones oficiales de Guatemala para conocer los detalles de su aplicación.

Persisten dudas sobre las garantías durante las operaciones

Otro de los temas que genera preocupación es la actuación de las fuerzas de seguridad durante los operativos militares y policiales.

De acuerdo a la consulta que Prensa Libre hizo al Ejecutivo sobre las garantías que ofrece el presidente Bernardo Arévalo para evitar que se repitan situaciones como las ocurridas en Huité, donde murieron siete personas durante una operación con participación de elementos del Ejército, la Presidencia respondió que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de proteger a la población y actuar contra las estructuras criminales.

También aseguró que todas las actuaciones durante el estado de Sitio deben ajustarse a la ley, respetar los derechos humanos y cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad.

Respecto a los acontecimientos de Huité, la Secretaría indicó que corresponde a las investigaciones establecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades, por lo que el Gobierno no anticipará conclusiones.

Sin embargo, su respuesta nuevamente evitó especificar detalles sobre los protocolos e instrucciones que recibieron las unidades militares para realizar allanamientos, capturas o utilizar armas de fuego durante las operaciones.

La investigación del medio Prensa Libre también incluyó algunas consultas al Ministerio de la Defensa sobre las organizaciones identificadas, los informes de inteligencia que justificaron la inclusión de Izabal y los mecanismos de control previstos para los allanamientos, así como información al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público sobre las investigaciones de los ataques recientes y la participación de ambas instituciones en las acciones de seguridad; sin embargo, ninguna de las tres instituciones brindaron una respuesta.

Mientras tanto, Zacapa enfrenta una nueva etapa de operaciones extraordinarias en medio de una escalada de violencia, cifras preocupantes de muertes por arma de fuego y preguntas todavía sin respuesta sobre quiénes están detrás de los ataques y cuáles serán los alcances reales del estado de sitio.

Captura de pantalla 2026-11-17 152603.jpg
Foto: X @Ejercito_GT
Captura de pantalla 2026-11-17 153040.jpg
Foto: X @Ejercito_GT
Captura de pantalla 2026-11-17 152429.jpg
Foto: X @TravelGov