El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio por terminada oficialmente la queja contra el Estado de Guatemala por presunto incumplimiento de convenios laborales interpuesta en el 2023 y que se relaciona con un conflicto que comenzó en el 2012.
El presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, anunciaron durante la conferencia de prensa realizada este jueves en el Palacio Nacional de la Cultura, que la OIT decidió poner fin oficialmente a la queja el 16 de noviembre durante su reunión 358 en Ginebra, Suiza.
El mandatario también destacó que la resolución se tomó “después de más de una década de que esta queja estaba pendiente de ser atendida”.
Arévalo señaló que se trata de una excelente noticia ya que impacta en la capacidad de crecimiento económico del país y agradeció al Ministerio de Trabajo por su labor realizada junto a los sindicatos para finalizar el conflicto.
En la documentación divulgada por la OIT sobre la resolución de la queja, se menciona que participaron organizaciones sindicales guatemaltecas integrantes de la Mesa Sindical CSA, la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y la Unsitragua Histórica, así como afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y a la Confederación Sindical Internacional (CSI).
La denuncia que presentaba la queja se relaciona a presuntas violaciones de los derechos de los trabajadores a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, reconocidos en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Antecedentes
En el 2012, una primera queja contra el Estado de Guatemala fue presentada ante la OIT por delegados de los trabajadores, de acuerdo al Convenio 87 sobre libertad sindical. En ella, habían señalamientos por violencia antisindical, amenazas y asesinatos de dirigentes, despidos por motivos sindicales, obstáculos para el registro de sindicatos y fallas en la negociación colectiva.
La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, explicó que el Estado de Guatemala adoptó una serie de medidas desde que se interpuso esa primera queja. En el 2013 se adoptaron disposiciones por medio de una hoja de ruta que conlleva compromisos del Estado de Guatemala.
Posteriormente, en el 2017 se llegó a un acuerdo tripartito en Ginebra, permitiendo el cierre de la queja en el 2018; sin embargo, en el 2023, el caso se reactivó y se amplió al Convenio 98 sobre negociación colectiva.
Acciones para retirar la queja
De acuerdo a las atribuciones de la ministra, el cierre de esta queja laboral se debe a la apertura que el Gobierno ha tenido con los interlocutores sociales, así como a los avances de Ministerio de Trabajo.
“Atendiendo a la apertura de este gobierno, con los interlocutores sociales que son los empleadores y los trabajadores, y con la puesta en avances significativos que tuvo la cartera del Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo”, explicó.
De acuerdo a Roquel, la decisión se sustenta en el voto de confianza que dan las instancias en el seno de ese consejo tras valorar avances significativos ante el Consejo de Administración de la OIT.
En cuanto a la parte técnica, el proceso incluyó el fortalecimiento de la inspección laboral, la atención de casos y el diálogo tripartito entre Gobierno, empleadores y trabajadores.
Riesgos de intervención de otros mecanismos
La ministra de Trabajo señaló que en caso de que no se lograran los avances y el cierre de esta queja, Guatemala enfrentaría la intervención de una “Comisión de Encuesta”, que es el mecanismo de investigación más severo de la OIT.
“Si Guatemala no hubiese llevado avances significativos, representaba una comisión de encuesta en el país, que conlleva una comisión de encuesta, que puede atravesar también aspectos comerciales que tanto la Unión Europea, tanto los Estados Unidos, no pueden ingresar productos comercializados por vulneración de derechos laborales”, señaló.
Roquel detalló que ante ese escenario, las implicaciones económicas, hubieran sido bastante serias, ya que la Unión Europea y Estados Unidos han vinculado el respeto a los derechos laborales con sus relaciones comerciales.
El caso de Guatemala también ha tenido seguimiento de cerca en foros sindicales internacionales y en el marco del DR-CAFTA.


