Guatemala comienza proceso legislativo para adherirse al Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia

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Guatemala dio un nuevo paso para fortalecer la lucha contra los delitos informáticos al iniciar el proceso legislativo para adherirse al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, un acuerdo internacional que facilita la cooperación entre países para investigar crímenes digitales y compartir evidencia electrónica.

La iniciativa 6875, que plantea aprobar el convenio suscrito en 2001 en Budapest, fue analizada el pasado miércoles 18 de noviembre por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, durante una reunión en la que participaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación y otras instituciones relacionadas con la seguridad y la investigación criminal.

Este proceso se lleva a cabo pocos días después de la aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad, Decreto 26-2026, publicada el 17 de noviembre y cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 17 de diciembre; esta normativa establece herramientas administrativas, penales y procesales para prevenir, investigar y responder ante amenazas en el entorno digital.

Convenio de Budapest facilitaría investigaciones internacionales

Durante el análisis de la iniciativa, la viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Gobernación, Karen Ortiz, resaltó la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para combatir delitos informáticos.

La funcionaria explicó que muchas investigaciones relacionadas con el uso de medios electrónicos trascienden las fronteras nacionales, por lo que las autoridades necesitan contar con procedimientos que permitan solicitar información y obtener evidencia digital que se encuentra almacenada en servidores o plataformas ubicadas en otros países.

El Convenio de Budapest contempla mecanismos de asistencia entre Estados para facilitar el intercambio de información electrónica y apoyar las investigaciones vinculadas con la ciberdelincuencia.

De concretarse la adhesión, Guatemala podría incorporarse a una red internacional de cooperación y acceder a asistencia técnica para mejorar sus capacidades de investigación y respuesta ante este tipo de delitos.

Cambios que implica la adhesión

La incorporación de Guatemala al convenio implicaría asumir compromisos de cooperación con otros países para atender investigaciones en las que intervengan diferentes jurisdicciones.

Entre las principales herramientas que contempla este instrumento se encuentran:

• Solicitar a otros Estados información y evidencia digital necesaria para investigaciones penales.
• Responder a requerimientos internacionales cuando los datos o elementos probatorios se encuentren en territorio guatemalteco.
• Fortalecer los canales de comunicación y asistencia entre autoridades encargadas de investigar ciberdelitos.
• Facilitar investigaciones en las que los responsables, las víctimas y la evidencia electrónica estén ubicados en distintos países.

Estos mecanismos buscan agilizar los procesos de investigación cuando la información necesaria para esclarecer un delito se encuentra fuera del territorio donde ocurrió el hecho.

Nueva Ley de Ciberseguridad complementa el proceso

La iniciativa para adherirse al Convenio de Budapest coincide con la reciente aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad, que establece una estructura institucional para prevenir, atender y responder ante incidentes y amenazas digitales.

La legislación incorpora disposiciones penales y procesales, además de mecanismos orientados a la obtención, conservación y manejo de evidencia digital.

Entre sus principales componentes figura la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad y el papel rector del Ministerio de Gobernación en esta materia. También contempla el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar ataques e incidentes informáticos.

La implementación de este nuevo marco legal también involucra a las instituciones responsables de investigar y perseguir los delitos, entre ellas el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Estas entidades tendrán un papel importante en el manejo de evidencia digital y en el desarrollo de investigaciones relacionadas con actividades criminales en el entorno tecnológico.

Durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores también se abordó la necesidad de contar con una estructura especializada para perseguir este tipo de delitos y entre los temas discutidos figura la creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos dentro del Ministerio Público.

Iniciativa continúa su camino en el Congreso

La eventual adhesión al Convenio de Budapest representaría un avance en los esfuerzos del país por actualizar sus herramientas legales e institucionales frente al crecimiento de las amenazas digitales.

La iniciativa 6875 fue conocida por el pleno del Congreso el pasado 27 de octubre y actualmente continúa bajo análisis de la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual deberá avanzar en la discusión para que la propuesta pueda seguir las siguientes etapas del proceso legislativo.

Con la nueva Ley Marco de Ciberseguridad y la posible incorporación al convenio internacional, Guatemala busca fortalecer su capacidad para investigar delitos informáticos, proteger la información y colaborar con otros países en casos donde las pruebas digitales o los presuntos responsables se encuentren fuera de sus fronteras.

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