Arévalo sanciona la Ley Marco de Ciberseguridad, ¿qué implica y cómo se aplicará?

Foto: X @BarevalodeLeon

El presidente Bernardo Arévalo sancionó este martes 17 de noviembre el Decreto 26-2026, correspondiente a la Ley Marco de Ciberseguridad, una normativa que busca reforzar la protección de los sistemas informáticos del país, prevenir amenazas digitales y establecer mecanismos para combatir los delitos cometidos en el ciberespacio.

El mandatario informó sobre la sanción de ley a través de su cuenta oficial de X, donde publicó una fotografía del momento en que firmó el decreto, aprobado recientemente por el Congreso de la República.

La normativa tiene como objetivo establecer y desarrollar el marco institucional de la ciberseguridad en Guatemala. También contempla la creación de un régimen de sanciones administrativas, disposiciones penales y procesales en esta materia, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas nacionales y la cooperación internacional.

El Decreto 26-2026 fue aprobado de urgencia nacional en un único debate, con el respaldo de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Organismo Legislativo.

De acuerdo con lo establecido, la ley cobrará vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Asimismo, declara de interés nacional todas las acciones encaminadas al cumplimiento de sus objetivos.

Creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad

Uno de los principales componentes de la normativa es la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), que funcionará como la máxima instancia de dirección estratégica y toma de decisiones sobre asuntos de interés nacional relacionados con la seguridad digital.

El Consejo estará integrado por el presidente de la República y cinco ministros, entre ellos los titulares de las carteras de Gobernación y Defensa. Sus integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem, mientras permanezcan en sus respectivos cargos o nombramientos.

El Conciber celebrará reuniones ordinarias una vez al mes y podrá convocar sesiones extraordinarias cuando alguno de sus integrantes lo considere necesario.

Las convocatorias se realizarán por instrucciones del presidente de la República, mediante el Ministerio de Gobernación.

Las instituciones que formen parte del Consejo deberán cumplir los lineamientos y directrices que se establezcan, siempre dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Dirección Nacional de Ciberseguridad y centro de respuesta

La ley también establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), una dependencia del Ministerio de Gobernación que tendrá funciones técnicas y operativas especializadas para atender los asuntos de ciberseguridad a nivel nacional.

Por la naturaleza de sus atribuciones, esta Dirección contará con presupuesto propio y será considerada un cuerpo de seguridad del Estado.

Además, se dispone la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT), que dependerá de la Diciber y tendrá a su cargo funciones técnicas especializadas en materia de seguridad digital.

Su funcionamiento estará regulado por las disposiciones de la ley y su respectivo reglamento.

Sanciones

El régimen administrativo sancionatorio alcanzará a los operadores de servicios esenciales, así como a las personas individuales o jurídicas que administren, gestionen u operen sistemas informáticos cuya vulneración pueda poner en riesgo servicios esenciales, infraestructuras críticas, la seguridad de la información o el funcionamiento de sistemas estratégicos para Guatemala.

De esta forma, la normativa busca establecer responsabilidades para quienes tienen bajo su administración sistemas cuya afectación podría generar consecuencias importantes para el funcionamiento del país.

Delitos informáticos y penas de prisión

El Decreto 26-2026 incorpora nuevos tipos penales relacionados con ataques a sistemas informáticos y datos digitales. Entre las conductas que contempla y sus respectivas sanciones se encuentran:

• Acceso ilícito: ingresar sin autorización, o excediendo los permisos concedidos, a un sistema informático protegido por medidas de seguridad. Este delito será castigado con prisión de 4 a 6 años.
• Interceptación ilícita: captar sin autorización datos informáticos transmitidos mediante comunicaciones no públicas, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de los sistemas que transportan esa información. La pena será de 5 a 8 años de prisión.
• Ataque a la integridad de los datos informáticos: ocultar, dañar, borrar, deteriorar, alterar o eliminar datos o registros informáticos sin autorización. La sanción establecida es de 5 a 7 años de prisión.
• Ataque a la integridad del sistema informático: obstaculizar intencionalmente el funcionamiento normal de un sistema mediante la introducción, transmisión, daño, eliminación, deterioro o modificación de datos informáticos. Este delito tendrá una pena de 5 a 8 años de prisión.

Aplicación de la ley: ¿Dónde y a quién involucra?

El ámbito de aplicación de la Ley Marco de Ciberseguridad comprende todo el territorio de Guatemala, el ciberespacio y otros espacios territoriales o extraterritoriales contemplados en la legislación vigente que tengan relación con esta materia.

En el ámbito penal, sus disposiciones podrán aplicarse a personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuando cometan alguno de los delitos establecidos en la normativa y se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

• Cuando la persona responsable origine, ordene o ejecute la acción delictiva dentro del territorio guatemalteco.
• Cuando la acción delictiva se origine, ordene o ejecute desde otro país, pero sus efectos o consumación se produzcan en Guatemala.
• Cuando el origen o las consecuencias del delito se encuentren en el extranjero, pero se utilicen medios ubicados dentro del territorio nacional.
• Cuando exista participación desde Guatemala mediante actos que hayan sido indispensables para la comisión del delito.

Con estas disposiciones, la normativa busca ampliar la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar los ataques informáticos, incluso cuando estos se originen fuera de las fronteras nacionales, pero afecten sistemas o intereses vinculados con Guatemala.

La entrada en vigor del Decreto 26-2026 marcará el inicio de un nuevo marco institucional y legal para la ciberseguridad en el país, con nuevas entidades especializadas, responsabilidades administrativas y sanciones penales para quienes cometan delitos en el entorno digital.

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Foto: X @CongresoGuate

La modernización del Estado ha sido siempre nuestro compromiso, y estamos cumpliendo. Hoy he sancionado el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, un pilar clave dentro de nuestra estrategia de Transformación Digital. Este cambio histórico garantiza la protección de nuestra infraestructura crítica, combate los delitos informáticos y resguarda la seguridad digital de toda la población. Estamos construyendo un Estado más seguro, transparente y capaz de responder a los desafíos de hoy y mañana.

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 17, 2026

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