El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), junto con el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y el Frente Nacional de Lucha (FNL), llevarán a cabo una manifestación nacional el próximo 12 de octubre como rechazo a los subsidios otorgados por el Gobierno a las importadoras de combustibles y con la el fin de plantear una serie de demandas ante el Congreso.
A través de un comunicado, se informó que la movilización recorrerá las cabeceras departamentales del país, a partir de las 7:00 horas, con el objetivo de difundir una serie de demandas al Gobierno y a los diputados al Congreso para reducir el alto costo de vida que afecta a millones de familias, según afirman.
Entre las principales peticiones, destacan la implementación de medidas para frenar la inflación, así como la nacionalización del servicio de energía eléctrica y la imposición de un salario máximo equivalente a cinco salarios mínimos.
Además, proponen establecer una política de regulación de precios basada en estudios que permita fijar costos que consideran justos y combatir la especulación, según el comunicado.
Las organizaciones también cuestionan los subsidios otorgados a empresas transnacionales importadoras de combustibles y fertilizantes agrícolas y proponen que esos recursos se destinen a medidas en beneficio de la población; asimismo, demandan la construcción de una refinería para la producción nacional de combustibles.
Detalles de las demandas
En cuanto al planteamiento de reducir los salarios de diputados y funcionarios públicos, las organizaciones proponen que el salario máximo de los servidores públicos sea equivalente a cinco salarios mínimos y que los recursos resultantes se utilicen para comprar medicinas y construir laboratorios en hospitales, entre otras medidas.
Según el comunicado, los participantes buscan exigir a los diputados la derogación del Decreto 08-2023 que reformó el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada. Asimismo, rechazan la iniciativa de ley 6665 y demandan una ley de aguas basada, según indican, en las propuestas y necesidades de los pueblos y las comunidades.
El pronunciamiento de las organizaciones incluye peticiones dirigidas al fiscal general para que investigue a fiscales distritales, jueces y magistrados vinculados con hechos de corrupción y crimen organizado.
Tanto los comités como el frente nacional, responsabilizan al Gobierno por la violencia que generan los desalojos de comunidades y piden que se detengan esas acciones, así como la persecución contra comunidades y organizaciones campesinas e indígenas, según afirman.
Otras peticiones
Por otro lado, entre sus peticiones destaca la renuncia de Walter Mazariegos como Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y el regreso a clases presenciales.
También solicitan la renuncia de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia.
Según las autoridades campesinas, la marcha iniciará en la Corte Suprema de Justicia hasta llegar al Congreso de la República, pasando por la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Gobernación.
El comunicado concluye con un llamado a los pueblos y comunidades para participar en las manifestaciones y promover un “proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional”, denominado así por las mismas organizaciones.
