El presidente Bernardo Arévalo de León, ofreció este miércoles 7 de octubre una disculpa pública, en nombre del Estado, a autoridades ancestrales y líderes indígenas criminalizados y encarcelados por encabezar las movilizaciones ciudadanas en defensa de los resultados electorales del 2023, en los que obtuvo el cargo presidencial.
Cuando Arévalo resultó ganador, sorpresivamente según algunos analistas, la fiscal general de aquel momento, Consuelo Porras (2018-2026), intentó revertir los resultados electorales e inició una persecución contra varios sectores, entre estos, los líderes indígenas.
El mandatario declaró que “en lugar de reconocerlos y protegerlos, el Estado los criminalizó utilizando maliciosamente el derecho penal a través del Ministerio Público y del sistema de justicia”.
El acto de disculpa pública se llevó a cabo en el Palacio Nacional de Cultura y con ello se cumplió la orden de un juzgado penal, tras confirmarse el cierre definitivo de los procesos contra Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y María Juana Elías, exdirectivos de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, así como contra Esteban Toc, de la Municipalidad Indígena de Sololá, en septiembre de este año.
Las autoridades de dichas organizaciones afrontaron acusaciones por terrorismo, sedición y asociación ilícita promovidas por la fiscal Consuelo Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia y criminalizar a operadores de justicia y líderes comunitarios del país.
Los integrantes Pacheco y Chaclán, permanecieron 15 meses en prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala, en la capital guatemalteca, mientras que Toc y Puac estuvieron bajo arresto domiciliario. Por su parte Juana Elías permaneció exiliada hasta el cierre del proceso.
Durante el evento, Pacheco expresó que defendieron un derecho inherente al pueblo, no por un gobierno o algún partido, y resaltó que “la dignidad del pueblo no tiene precio y no se vende”.
Por su parte, la líder maya k’iche’ María Juana Elías aseguró que fue criminalizada por ser mujer y tener autoridad, enfatizando en la resiliencia de las mujeres indígenas. Asimismo, demandó que se ponga fin a la estigmatización de los pueblos originarios y mencionó que se mantendría con la frente en alto porque “defender nuestros derechos y el territorio no es un delito”, aseveró.
Las resoluciones judiciales dictadas el 11 y el 25 de septiembre por un juez penal desestimaron la totalidad de los cargos, al no encontrarse pruebas de actividad ilícita durante las protestas pacíficas.
La ceremonia terminó con el compromiso del Gobierno guatemalteco de establecer garantías para evitar que se vuelva a criminalizar a las autoridades comunitarias por manifestarse pacíficamente, además de promover un diálogo nacional permanente con los pueblos indígenas.
