Con el fin de fortalecer la inversión nuestro país, el sector privado de Guatemala pidió al gobierno que agilice la aprobación de leyes, consideradas de prioridad en materia de seguridad y justicia. Estas reformas abordan temas como arbitraje, resolución de conflictos, protección de datos, ciberseguridad, amparo e infraestructura, los cuales son parte de la agenda planteada por Guatemala No Se Detiene
Este martes 8 de septiembre, se llevó a cabo el Foro Agenda Legislativa para Fortalecer la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en el cual se discutieron los ejes de la Propuesta de Agenda Legislativa de la Mesa de Certeza Jurídica del Plan Guatemala No Se Detiene (GNSD), señalando como principal objetivo, garantizar mejoras en la calidad de vida y atraer capital para fortalecer la inversión en el país.
Entre las medidas que se contemplan para alcanzar el objetivo, se mencionó mejorar la administración de justicia, así como combatir la corrupción y el abuso de los recursos legales; otra de las metas destacadas de la propuesta es la generación de 2.5 millones de empleos para 2032.
La coordinadora de la Mesa de Certeza Jurídica del Plan Guatemala No Se Detiene, Ana Isabel Antillón, planteó varios aspectos legales que deben ser optimizados para garantizar el crecimiento económico y sostenible del país, así como el fortalecimiento del Estado.
Antillón distinguió principalmente entre dos conceptos que considera factores indispensables para lograr el desarrollo; por un lado la certeza jurídica que se refiere al cumplimiento de los procedimientos legales para la creación de normas y, por otro lado, la seguridad jurídica, que es la confianza que tiene el ciudadano en sus instituciones y el resultado de la aplicación de la ley, afirmó.
Durante la reunión, se reconoció que Guatemala aún enfrenta rezagos en áreas fundamentales como la pronta resolución de conflictos y la eficacia del sistema penal, no obstante, se puntualizó que varias normas ya han sido aprobadas por el Legislativo, aportando a la seguridad y el desarrollo del país como es el caso de la Ley del Sistema Portuario, la Ley de Alianzas de Infraestructura Económica y la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
El sector privado planteó concretamente que busca acelerar tres grupos de reformas: leyes para fortalecer la infraestructura y el control estatal, normas para ordenar el entorno digital y cambios procesales para resolver conflictos con más rapidez, esto involucra la ley de protección de datos personales, la ley para la transformación digital del Estado, una Ley de Ciberseguridad y reformas a la Ley de Arbitraje, al Código Procesal Civil y a la Ley de Amparo.
El Foro que presenta la Agenda, forma parte de las actividades que la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) ha llevado a cabo previo al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) del 2026, que se realizará el 8 de octubre.
En general, los temas a discusión tuvieron como referencia concreta el deterioro de la seguridad, ya que Guatemala registra 16 homicidios por cada 100,000 habitantes y la meta de que busca Fundesa para presentar ante el Enade 2026 es reducir esa tasa a ocho en los próximos diez años.
Finalmente, tras la presentación de la agenda, se llevó a cabo un Conversatorio en el que participaron el diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, Mario García Lara, director ejecutivo de Fundación 2020, Lisardo Bolaños coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene y Francisco Quezada, asesor jurídico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, en el cual se abordaron principalmente temas relacionados a la prisión preventiva, el costo económico de la criminalidad y los bloqueos como medida de protesta que dificultan las inversiones en el país.