Diversas cámaras empresariales coinciden en que actualmente el país atraviesa un momento importante en su historia económica debido a los avances en materia de estabilidad y crecimiento en los últimos, sin embargo, este logros se ven cada vez más amenazados por los índices de inseguridad, crimen organizado y violencia común.
En Guatemala, la tasa interanual de homicidios se sitúa en 16.65 por cada 100 mil habitantes y la violencia se concentra fuertemente en áreas urbanas clave para el comercio, por lo que el impacto de la delincuencia no solo afecta a los grandes inversionistas, sino que destruye el tejido productivo de menor escala que sostiene a miles de familias.
La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala), Waleska Sterkel de Ortíz, advirtió que las presiones adicionales derivadas de la inseguridad van desde el incremento en los gastos de custodia privada hasta pérdidas directas de mercancía que se reflejan en la estructura de costos de los productos, generando mayor vulnerabilidad e impacto económico en materia de negocios.
En el marco del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2026), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) destacó que un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa el costo total de la delincuencia en el 7.7 % del Producto Interno Bruto, lo que representa más de US$5,000 millones anuales absorbidos entre daños y medidas defensivas.
El director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, ratificó que el primer gran consenso del ENADE 2026 es asumir el compromiso técnico y político de reducir la tasa de homicidios de 16 a 8 por cada 100 mil habitantes durante los próximos diez años, con la finalidad de frenar el deterioro sobre la economía formal.
Aumento de costos en rutas comerciales
En relación al problema territorial que enfrenta la industria nacional, la directora ejecutiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Valeria Prado, precisó que la mayor cantidad de denuncias delictivas se concentran en departamentos específicos de Guatemala como Escuintla, Sacatepéquez, Quetzaltenango y Suchitepéquez.
La CIG identifica a nivel urbano, las zonas 3, 6, 7, 18, 19 y 21 de la capital, junto con sectores catalogados de alto riesgo en Mixco y Villa Nueva, como las áreas más complejas para la distribución capilar hacia los pequeños comercios de barrio.
En cuanto a carreteras vulnerables, los cinco corredores viales con mayor cantidad de siniestros reportados son CA-01 Occidente, CA-09 Sur, CA-02 Occidente, CA-09 Norte y CA-01 Oriente, los cuales coinciden con las rutas estratégicas donde el transporte de carga sufre el mayor acoso por extorsión, puntualizó la directora de AmCham Guatemala.
Por su parte, la Gremial de Logística de Guatemala, adscrita a la CIG, denunció que los fletes comerciales que antes se completaban en menos de 24 horas ahora demoran entre 26 y 28 horas debido a las desviaciones de ruta y restricciones de horario adoptadas para evitar ataques armados, alterando la cadena de suministros.
Mientras que lo registros del gremio de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) reportaron que el acoso de las estructuras criminales provocó la renuncia de entre 2,000 y 3,000 pilotos, forzando a las empresas a destinar entre el 20 % y el 40 % de sus ingresos brutos al pago de cuotas de extorsión y a la contratación de custodios.
Sterkel de Ortíz enfatizó que la necesidad de modificar la periodicidad de distribución, así como asumir pérdidas de mercancía, reduce la competitividad de Guatemala como destino de inversión y encarece el costo de vida de las familias.
Sectores vulnerados
En cuanto a las actividades con mayor exposición delictiva, AmCham Guatemala, determinó que los sectores más impactados son aquellos que dependen de cadenas logísticas extensas y transporte terrestre constante, como la distribución de alimentos y bebidas, materiales de construcción, agroindustria y comercio al por mayor.
La CIG coincidió en que aquellas organizaciones dedicadas a la entrega capilar hacia pequeños negocios de consumo masivo, así como las firmas que movilizan carga por vía terrestre hacia los países vecinos de la región centroamericana, son los que sufren una mayor vulnerabilidad.
En materia de gastos extraordinarios, según los testimonios de AmCham, las empresas se ven forzadas a contratar guardias armados para vehículos de carga, implementar sistemas de rastreo satelital GPS, adquirir seguros especializados y capacitar constantemente a su personal en protocolos de prevención.
Derivado de la violencia en rutas estratégicas, se ha generado mucha preocupación entre los trabajadores y choferes, ya que no sólo impacta en el gasto extra de las empresas, sino que también afecta la estabilidad emocional del personal y la continuidad de las operaciones comerciales, subrayó Sterkel de Ortíz.
Valeria Prado enfatizó en que las empresas agremiadas en la CIG incorporan monitoreos permanentes y protocolos internos de emergencia que, al modificar horarios y trayectos, terminan trasladando sobrecostos inevitables a toda la cadena de suministro.
Líneas de acción para garantizar la seguridad
Ante esta situación de inseguridad y violencia, AmCham Guatemala definió cuatro líneas de acción prioritarias para las autoridades: coordinar a las instituciones de seguridad y justicia, reforzar la presencia estatal en los corredores logísticos estratégicos, implementar canales confidenciales de denuncia y consolidar la certeza jurídica para proteger la inversión.
De igual manera, la CIG solicitó al Gobierno tomar un control efectivo y riguroso, con urgencia, sobre los centros de detención donde se originan las extorsiones, además de fortalecer la capacidad de inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público.
Ambas cámaras patronales reiteraron que atender esta situación para contar con rutas seguras y previsibles, no sólo resguarda la vida e integridad de los colaboradores, sino que resulta indispensable para elevar la competitividad del país, reducir los costos al consumidor y garantizar la generación de empleo formal.
