Recientemente, el Sistema Penitenciario (SP) dio a conocer que en las cárceles del país, los prisioneros cuentan con menús definidos por una unidad de control de alimentos y son asign}ados por una nutricionista, lo que generó una respuesta entre los expertos debido al contraste con la persistente mortalidad de niños asociada a la desnutrición aguda.
A partir de una citación en el Congreso de la República sobre el costo de la alimentación en las prisiones, se planteó el contraste entre los recursos destinados a las cárceles y la cifra de muertes confirmadas a causa de desnutrición en el el país, la cual ascendió de 32 a 34 casos en un mes, según Mireya Palmieri, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).
Funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) explicaron que el Preventivo de la zona 18, que concentra a 3,000 reclusos aproximadamente, registra un costo de Q18.75 diarios por persona, por lo que el gasto mensual ronda los Q1.6 millones, es decir, unos Q56,200 diarios.
En el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional” (Pavoncito), así como Mariscal Zavala, el costo es el mismo Q18.75, según las cifras de las autoridades, corresponde a uno de los costos alimenticios más bajos.
Mientras que en el caso del centro de detención Renovación 1, el costo reportado por cada tiempo de comida es mayor, de Q12.60, por lo que el costo final equivale a Q37.80 diarios por cada preso.
La DGSP indicó que los costos puede variar según el centro penitenciario, además, se suman cifras de Q62, Q65 y Q73 para compras o vales de alimentos, cantidades que se encuentran por encima de los costos oficiales reportados en los preventivos de Baja Verapaz y el de la zona 18.
Menús bajo revisión nutricional
El director de la DGSP, Jorge Guillermo López, explicó que existe una nutricionista encargada de elaborar los menús en las prisiones, los cuales son aprobados mediante la Unidad de Control de Alimentos. Además, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT) brinda recomendaciones sobre evaluación y seguimiento nutricional.
López explicó a finales de agosto de este año que los menús de alimentación pueden ser modificados a partir de solicitudes de la OPT y de otras comisiones sobre derechos humanos, tomando en cuenta estos requerimientos para evitar que las denuncias por las condiciones de alimentación recaigan sobre su gestión.
“Yo les cambio el menú, tengo a Derechos Humanos, tengo a la OPT y a otras tres, cuatro comisiones… donde si yo no les cambio el menú, el denunciado voy a ser yo”, señaló
El Congreso cuestiona los costos alimenticios en prisión
Hasta febrero de 2026, datos del Ministerio de Gobernación (Mingob) indican que existen cerca de 23,837 personas privadas de la libertad, mientras que la Unidad de Control de Alimentos del SP reportó un costo promedio de Q28.18 diarios para la alimentación de cada recluso registrado en cada centro carcelario.
Con base en ese promedio aplicado al número de personas encarceladas, el gasto estimado sería de Q671,727 diarios aproximadamente, lo que representa Q20.15 millones al mes y alrededor de Q245.2 millones al año, sin considerar los costos por servicios.
Ante estas cifras, algunos diputados del Congreso cuestionaron las compras de alimentos y señalaron posibles casos de corrupción con estas adquisiciones, ya que se mencionaron montos superiores a los reportados oficialmente durante la citación.
El diputado José Chic, resaltó el contraste considerable que existe entre los costos de alimentar a los presos con la alimentación escolar, ya que ésta contempla Q6 diarios para preprimaria y primaria y Q4 para educación inicial y media, según los montos vigentes.
Chic cuestionó que existan diferencias entre los recursos destinados a la alimentación de estudiantes, los centros educativos alrededor del país y los casos persistentes de desnutrición infantil, aspectos que, según sus declaraciones, deben ser la prioridad.
Priorización de los recursos públicos
Erick Coyoy, analista económico de ASIES, señaló que la diferencia entre los recursos destinados a la alimentación de prisioneros y la de niños, evidencia que el gasto público no se prioriza de manera adecuada en muchas ocasiones.
Según el experto, la niñez de Guatemala debería recibir una mayor atención y presupuesto en la alimentación, debido a su importancia para el desarrollo y el desempeño escolar, por lo tanto, el Estado debería fortalecer los esfuerzos para garantizar este derecho.
Por otro lado, el Estado también debe proteger el derecho a la alimentación de las personas encarceladas, no obstante, es necesario revisar que existan mecanismos económicos más eficientes para cubrir esta obligación, explicó Convoy.
El analista considera que es necesario evaluar constantemente los resultados en contraste con los recursos asignados, esto con la finalidad de dirigir mejor las decisiones presupuestarias, ya que si bien los recursos del Estado son limitados, la Ley Orgánica del Presupuesto establece la obligación de utilizarlos de manera eficiente.
Además, enfatizó en que es necesario analizar de forma integral cómo se distribuye el gasto y evitar que los derechos de un grupo se beneficien, dejando de lado los derechos y necesidades de otros.
Finalmente, Covoy señaló que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) debe velar por el derecho a la alimentación de toda la población, especialmente de la niñez y no debería concentrar su atención solamente en los grupos que presentan denuncias, como expuso el director del SP, sino en todos aquellos sectores de la población que requieren protección.
