Cocodrilos, gallinas, televisores, neveras y sillones de videojuegos fueron algunas de las pertenencias halladas en requisas de la prisión de supuesta máxima seguridad conocida como “El Infiernito”, en Escuintla, a unos 70 kilómetros al sur de la capital.
Unos 400 policías participaron de madrugada el domingo en el operativo “Recuperación del Infiernito”, que albergaba a más de 200 pandilleros de Barrio 18. Las imágenes oficiales muestran incluso aire acondicionado. En una redada previa, la policía desmanteló un “call center” improvisado desde el que, según las autoridades, se coordinaban extorsiones y otros delitos.
“La prisión pertenece otra vez al país”, escribió en X el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien anunció que el centro será desmontado y reconstruido como una “verdadera prisión de máxima seguridad”. La granja de animales de patio y la pileta con cocodrilos, dijo, prueban “un total descontrol” y la pérdida del carácter de máxima seguridad. Culpa a gobiernos anteriores de “entregar el control de las prisiones a los criminales” pese a tener, según él, condiciones políticas y financieras para enfrentarlo.
El operativo —una “jornada dura”— tuvo dos metas: recuperar el recinto y trasladar a 225 miembros de Barrio 18 a otras cárceles. Después vendrá una reconstrucción “más allá del simple remozamiento”: raspar grafitis, escanear muros y pisos y, si hace falta, romperlos para buscar caletas. Se cortará el acceso de los reclusos a la electricidad para impedir recargar celulares y usar neveras, televisores, sonido y consolas. El aislamiento, afirmó, es herramienta de control. “Estas son prisiones, NO vacaciones.”
Jiménez anunció un grupo élite de guardias con capacitación permanente y sin identificación nominal, para reducir sobornos, y pidió respaldo del Congreso y del Organismo Judicial.
El operativo coincidió con días posteriores a declaraciones del presidente Bernardo Arévalo sobre zonas en manos de pandillas y con un llamado de la ONU a frenar el reclutamiento de menores. Barrio 18 y la Mara Salvatrucha se disputan territorio y extorsionan, según las autoridades. En 2023 la violencia criminal dejó 4.361 muertos en Guatemala (25 por cada 100.000 habitantes); la mitad se atribuyó a pandillas y narcotráfico.
