La Unión Europea aseguró, a través de un comunicado emitido este jueves 17 de septiembre, que las sanciones impuestas contra ocho personas y una entidad guatemaltecas desde el 2024, señaladas por acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala, continúan vigentes.
La aclaración de la EU se publicó después de que el juez del Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Raúl Orellana Letona, afirmara en sus redes sociales que las medidas restrictivas en su contra habían sido levantadas.
Orellana difundió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que afirmó lo siguiente: “Por medio de la Decisión (PESC) 2026/88 del Consejo de la Unión Europea de fecha 9 de enero del 2026, fueron levantadas las medidas restrictivas impuestas con anterioridad en mi contra, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de enero del año en curso y entró en vigencia al día siguiente”.
Por lo tanto, según la interpretación del juez, a partir del 13 de enero del 2026 no existiría ningún tipo de sanción, limitación de derechos o medida restrictiva en su contra en el territorio de la Unión Europea.
Sin embargo, la UE aclaró que el Consejo había informado el 9 de enero del 2026 que prorrogó las medidas restrictivas relacionadas con Guatemala por un año más, es decir, hasta el 13 de enero del 2027.
De igual forma, el comunicado del organismo europeo señala que tanto los nombres como las sanciones pueden ser consultadas en el texto consolidado de la Decisión PESC 2024/254 del Consejo de la Unión Europea.
Con base en la Decisión de la entidad europea, las personas incluidas en el listado están sujetas a restricciones de ingreso y tránsito por los estados miembros de la UE, así como a la inmovilización de bienes, incluida la entidad guatemalteca; además, ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de las personas y la entidad sancionadas.
A partir del texto consolidado de la Decisión (PESC) 2024/254, éstas son las ocho personas que mantienen las sanciones:
María Consuelo Porras Argueta de Porres, exfiscal general y jefa del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, exsecretario general del Ministerio Público, José Rafael Curruchiche Cucul, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez, exfiscal de la FECI, Fredy Raúl Orellana Letona, juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Ricardo Rafael Méndez-Ruiz Valdés, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, y Raúl Amílcar Falla Ovalle, representante legal de la Fundación contra el Terrorismo. También figura la Fundación contra el Terrorismo (FCT) como persona jurídica sancionada.
Ante el pronunciamiento de la UE, Orellana publicó un segundo mensaje el mismo día en el que insistió que la Decisión a la que aludía (PESC 2026/88) fue revisada y modificada por Consejo de la UE y agregó prueba del documento.
Tal como aclaró la UE en su comunicado de ayer, el documento de la Decisión 2026/88, que el juez busca utilizar como prueba, sólo muestra que se modifica la Decisión (PESC) 2024/254, misma que contiene las medidas restrictivas adoptadas por la UE respecto de la situación en Guatemala, así mismo, establece que después de revisar la lista de personas y entidades, debían actualizarse las entradas correspondientes a cinco personas y señala la extensión de las medidas restrictivas hasta el 13 de enero del 2027.
La declaraciones de Fredy Orellana contradicen el comunicado de la Unión Europea, por lo que, según lo establecido por el organismo, el juez aún forma parte de la lista y por tanto las sanciones seguirán en vigor.
Cabe recordar que el motivo por el que forma parte de este listado se debe a señalamientos por presuntos sobornos y actos de corrupción, surgidos durante la audiencia de etapa intermedia del caso Valat, la cual fue suspendida por Orellana luego de que los abogados plantearan varios incidentes.
