El Ministerio Público (MP) realizó una diligencia de inspección en la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) este jueves 22 de octubre, con motivo de la captura de los hermanos Choc Toz, quienes fueron detenidos por agentes de la policía, como sospechosos de la muerte del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en Campo Marte.
Como parte de la diligencia, los fiscales inspeccionaron la autopatrulla que fue utilizada el 17 de octubre para trasladar a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, tras su detención. Revisaron el interior y exterior del vehículo, así como la bahía del motor de la unidad policial identificada con el número GUA 13190.
El MP no ha informado hasta el momento los resultados de la inspección ni han determinado si las diligencias permitirán esclarecer las circunstancias en las que fueron detenidos los hermanos. Tampoco ha confirmado si la unidad fue incautada.
Cabe recordar que la PNC presentó a los hermanos Choc Toz como sospechosos de haber participado en el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, durante el ataque armado ocurrido en una cancha del Campo Marte, en la capital; sin embargo, al siguiente día un juez dictó su libertad por falta de mérito.
Cuestionamiento de la defensa y solicitud para resarcir daños
La inspección que llevó a cabo el MP deriva de los cuestionamientos que hizo la defensa de los hermanos Choc Toz en relación a las circunstancias de su captura y la procedencia del arma que fue encontrada entre sus pertenencias, según el reporte policial.
El representante legal de los hermanos Choc Toz, Karlos de León, sostiene que sus defendidos fueron acusados injustamente y que el señalamiento hecho por la policía afectó su dignidad e imagen pública.
Asimismo, cuestionó el origen del arma supuestamente hallada en su mochila y afirmó que fue colocada intencionalmente entre sus pertenencias por las autoridades, hecho que debe ser esclarecido, señaló.
Ante los sucedido, el abogado de los Choc Toz exigió al Estado de Guatemala una disculpa pública, así como una compensación por los daños generados, con un plazo de 48 horas. Y advirtió de que en caso de que las autoridades no respondan a su petición, presentará una demanda contra el Estado.
