El caso de Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, que sobrevivió a la aplicación de dos inyecciones letales, ha orientado la atención de la sociedad en el tema de la pena de muerte y la forma en que se aplica.
Tras el fallido intento de ejecución mediante la administración de una doble dosis de pentobarbital, la mujer de 50 años fue trasladada a un hospital donde estaba recibiendo “medidas para salvarle la vida”, declaró su defensa a la BBC.
Testigos de la ejecución informaron haber escuchado a Pike aún con vida antes de ser evacuados del área de observación y de que llegaran vehículos de emergencia a la cárcel.
El Departamento Correccional de Tennessee no proporcionó información en ese momento sobre la condición de Pike, quien fue condenada a muerte en 1996 por el brutal asesinato de la joven Colleen Slemmer de 19 años, durante un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta.
De acuerdo a las declaraciones hechas a la BBC por Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y contratado por el equipo legal de Pike como perito médico, afirmó que es probable que ella nunca haya alcanzado un nivel sanguíneo suficiente de pentobarbital como para provocar apnea y fallo cardiovascular durante el intento de ejecución, por lo que es posible que sufra una lesión cerebral.
El caso de Pike fue objeto de una batalla legal librada hora tras hora el pasado miércoles 30 de septiembre y desde entonces, siguen surgiendo detalles sobre lo que sucedió exactamente.
Sin embargo, este caso no es el único, se trata del segundo procedimiento de ejecución fallido sólo en Tennessee durante este año, mientras que en el resto del país norteamericano, se han registrado numerosos errores al efectuar las ejecuciones de condenados con pena de muerte.
Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, desde diciembre de 1976, cuando se reanudaron estas prácticas en Estados Unidos después de que fueran paralizadas durante cuatro años por la Corte Suprema, al menos 64 ejecuciones resultaron fallidas o registraron problemas graves, 51 de ellas mediante inyección letal.
En mayo de este año, por ejemplo, las autoridades aplazaron la inyección letal de Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994, después de que el personal no pudiera encontrar una vena para administrarle la dosis letal.
Según los datos hasta agosto del 2026 que recoge el sitio web del Death Penalty Information Center, una organización nacional sin fines de lucro que ofrece datos, análisis e informes sobre la pena capital, un investigador contabilizó 276 ejecuciones fallidas desde 1890, en un período histórico más amplio.
Reanudación de ejecuciones
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó su prohibición temporal de la pena de muerte, 1.683 personas han sido ejecutadas en ese país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), de los cuales, las mujeres representan casi el 1%, es decir, que 18 han sido ejecutadas.
La base de datos de DPIC muestra que 47 reos fueron ejecutados en 2025, el total anual más alto desde 2009 y un fuerte aumento con respecto a los 25 del año 2024, sin embargo, el apoyo de los estadounidenses a la pena de muerte se encuentra en su nivel más bajo en 50 años.
Una reciente encuesta de la consultora Gallup reveló que el 52% de los entrevistados apoyaba esta práctica en 2025, mientras que el 44% se oponía, registrando el nivel de oposición más alto desde mayo de 1966.
A lo largo de 50 años, los gobiernos de los estados norteamericanos han utilizado cinco métodos principales para aplicar el castigo: inyección letal, electrocución, pelotón de fusilamiento, gas nitrógeno y la horca.
La inyección letal sigue siendo el método de ejecución más común, con el 89% del total de ejecuciones desde 1976 en todos los estados donde actualmente se lleva a cabo esta práctica, la utilizan, aunque muchos también permiten métodos alternativos, según datos del DPIC.
La horca no se ha utilizado desde 1996, cuando se ejecutó a Billy Bailey en Delaware. En Nuevo Hampshire había mantenido este método como último recurso en caso de que la inyección letal resultara impracticable, pero el estado abolió la pena de muerte en 2019.
En Estados Unidos la pena capital es legal en 27 estados, así como bajo la ley federal y la ley militar.
Únicamentre California, Ohio, Oregón y Pensilvania son los cuatro estados que han suspendido las ejecuciones y otros donde la pena de muerte es legal, no han llevado a cabo ejecuciones durante años.
Por otro lado, en Florida se registraron 19 ejecuciones en 2025, lo que representa aproximadamente el 40% del total nacional.
Fármacos utilizados
De acuerdo a los registros históricos, los tres fármacos utilizados como protocolo de ejecución por la mayoría de los estados, son un anestésico o sedante (a menudo tiopental sódico, posteriormente midazolam), un agente paralizante (bromuro de vecuronio) y Cloruro de potasio para detener el corazón.
Durante años, el tiopental sódico se utilizó ampliamente en inyecciones letales, no obstante, las compañías farmacéuticas se opusieron cada vez más al uso de sus medicamentos para ejecuciones y dejaron de suministrarlos para ese fin, además, las restricciones a la exportación europeas redujeron aún más su disponibilidad.
Tiempo después, muchos estados optaron por el pentobarbital como fármaco único, administrando una dosis elevada de este barbitúrico al preso para suprimir la actividad cerebral y la respiración.
El fármaco estaba ampliamente disponible en Estados Unidos y se utilizaba en dosis menores como sedante y para controlar las convulsiones, además, era de uso común entre los veterinarios para practicar la eutanasia a los animales.
El gobierno federal utilizó el pentobarbital para este fin desde que adoptó el protocolo de un solo fármaco en 2019, sin embargo al empezar a escasear, muchos estados han recurrido a las farmacias de formulación magistral que preparan medicamentos a medida y están sujetas a una regulación menos estricta que los fabricantes de fármacos, incluso a menudo se desconoce el origen de los medicamentos.
A pesar de esto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicó en abril un memorando que calificó como “el estándar de oro de los fármacos para la inyección letal”.
El DPIC afirma que la creciente dificultad para obtener legalmente los fármacos utilizados en las ejecuciones ha llevado a algunos estados a probar nuevos fármacos y combinaciones, lo que ha provocado ejecuciones prolongadas en las que los presos mostraron signos de dolor y sufrimiento, además de que la escasez también ha incrementado los costos, añadió.
Ante este escenario,el gobernador de Oklahoma suspendió las ejecuciones tras una inyección letal fallida en 2014, mientras que en Louisiana no llevaron a cabo ninguna ejecución durante 15 años al no poder adquirir los fármacos necesarios y la suspensión se logró hasta el 2025 con la ejecución de Jessie Hoffman Jr. mediante gas nitrógeno.
El memorando del Departamento de Justicia también ordenaba a las prisiones federales que ampliaran los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, asfixia con gas y electrocución, medida “fortalecería” la pena de muerte al “disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a los seres queridos sobrevivientes”, afirmó el organismo.
Durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) se impuso una moratoria a la mayoría de las ejecuciones federales y concedió el indulto a 37 de los 40 presos condenados a muerte a nivel federal.
Sin embargo, el presidente Donald Trump, defensor de la pena de muerte desde hace mucho tiempo, ordenó al Departamento de Justicia que reanudara la solicitud de ejecuciones el primer día que retomó el cargo en enero de 2025.
Otros métodos de ejecución
La electrocución fue en su día un método de ejecución predominante, pero ahora es poco común y sólo nueve estados norteamericanos la autorizan, el último caso tuvo lugar en Tennessee en 2020.
Por otro lado, los pelotones de fusilamiento fueron considerados en su momento una reliquia del pasado, sin embargo, Carolina del Sur reanudó este tipo de ejecuciones en 2025 y Idaho lo convirtió en su principal método en julio de 2026, debido a las dificultades para obtener los fármacos para la inyección letal.
En cuanto a la ejecución con gas nitrógeno, este método consiste en privar al prisionero de oxígeno obligándolo a respirar el elemento químico puro. Alabama se convirtió en el primer estado en llevar a cabo una ejecución mediante hipoxia por nitrógeno en 2024, mientras que Louisiana hizo lo mismo en marzo de 2025.
Quienes lo apoyan lo describen como una alternativa práctica a la inyección letal, mientras que otros argumentan que no ha sido suficientemente probado y plantea serias preocupaciones éticas.
Oposición a la pena de muerte
Los opositores a la pena de muerte argumentan que las dificultades para la obtención de fármacos utilizados en la inyección letal, así como el aumento de ejecuciones fallidas, han planteado dudas en torno a esta práctica y han cuestionado si es posible llevarse a cabo de forma humana.
La preocupación de que algunos protocolos farmacológicos puedan causar dolor o sufrimiento innecesarios, es la principal causa de las impugnaciones legales y rechazo por parte de los activistas, quienes afirman que los métodos usados violan la prohibición constitucional estadounidense de castigos crueles e inusuales.
Los detractores también señalan la falta de transparencia por parte de algunos estados, ya que se oculta la identidad de los proveedores de medicamentos, lo que dificulta el control de origen y calidad de las drogas utilizadas en las ejecuciones.
Algunos críticos argumentan además que el impacto de las ejecuciones no sólo afecta a los prisioneros y sus familias, también genera una carga psicológica duradera en los guardias y funcionarios de prisiones, así como en el personal médico y los testigos, según declaraciones de la entrevista realizada en 2014 por la BBC a Allen Ault, quien dirigió el sistema penitenciario de Georgia en la década de 1990.
