La suspensión temporal del IVA y el IDP a los combustibles establecidas en el Decreto 22-2026 aprobado de Urgencia Nacional por el Congreso de la República, reducirá la recaudación y plantea riesgos para la política fiscal de Guatemala, según analistas políticos y económicos.
De acuerdo a la declaración de algunos analistas consultados, la medida de suspensión de impuestos tiene un trasfondo político ya que se presenta en medio del proceso de discusión del proyecto presupuestario de ingresos y egresos del 2027 por la Comisión de Finanzas, en el marco de las elecciones generales del próximo año.
El pasado 22 de septiembre, cuando fue aprobado el Decreto, los diputados decidieron otorgar una exención temporal de impuestos durante el último trimestre del año, situación que Guatemala no ha experimentado en las últimas tres décadas.
La decisión del Legislativo tiene un impacto importante en la política fiscal, es decir, en el sistema tributario, ante el alza de los combustibles en el mercado internacional y su efecto en el mercado interno.
El Decreto establece que la medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, sin embargo, los analistas temen que esta medida continúe el próximo año, pues consideran que podría desequilibrar el programa de gasto público.
Alteración en el gasto prioritario
Los analistas Érick Coyoy de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y Douglas González, analista político independiente, quienes fueron consultados por la prensa, coinciden en que la medida tomada por el Congreso, responde al objetivo de captar simpatizantes, más allá de buscar una solución a largo plazo al problema del alza de los precios internacionales del petróleo y los combustibles en el mercado interno.
De igual forma, diversos analistas han asegurado que la medida rompe la cadena del seguimiento del IVA y que esto generará un sacrificio, ya que Ministerio de Finanzas deberá hacer recortes, posiblemente en gasto prioritario para los ciudadanos y redestinarlo a ese fin. La eliminación del IVA genera un agujero en la recaudación y crea un precedente muy nefasto para la política fiscal y la cultura tributaria, declararon.
Volatilidad limita las exención y ésta amenazan la base del IVA
El analista Érick Coyoy afirma que la rebaja de impuestos no tendrá un impacto significativo y sostenible en los precios si la volatilidad continúa, por lo que es necesario fortalecer las capacidades de supervisión del Ministerio de Energía y Minas y de la DIACO para asegurar que el beneficio llegue al consumidor.
Además, el IVA es un impuesto difícil de rastrear ya que, en el caso de las empresas, se compone de créditos por el IVA pagado en las compras y de débitos por el IVA cobrado en las ventas, por tal motivo, sin una fiscalización adecuada, la rebaja al impuesto puede diluirse y no llegar al consumidor final, advirtió.
Por su parte, Hugo Maul del CIEN, señala que es preocupante la suspensión temporal del IVA a los combustibles, pues era un tributo que había resistido tentaciones populistas durante varias décadas y teme que pueda ser una base para trasladar la medida a otro productos como medicinas, canasta básica, útiles escolares, entre otros, expresó.
Según Maul, el sistema recaudatorio del IVA en Guatemala se ha caracterizado a nivel internacional por tener uno de los mejores diseños, precisamente porque no tenía exenciones, sin embargo ante el contexto actual del país y el antecedente del impuesto único sobre inmuebles (Iusi), el riesgo de que se destruya la base imponible del IVA seguirá latente.
Menos impuestos pueden comprometer el gasto y afectan la inversión
El analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales enfatiza en que más allá de la reducción de los impuestos, el riesgo es que no exista una reducción del gasto público proporcional que la de los tributos, por lo que se tendrá que llenar el vacío que dejan los ingresos que no se cobran.
Esto quiere decir que al no haber fuente de financiamiento para los impuestos, el Ministerio de Finanzas posiblemente tenga que obtenerlo de otras instituciones, aumentando el endeudamiento que es difícil que al estar casi en el último trimestre del año, pueda conseguir los Q2 mil 500 millones que establece el Decreto.
Por su parte, Douglas González explicó que esta situación puede afectar la percepción de las calificadoras de riesgo y que se debilita la posición fiscal ante los inversionistas, compradores de bonos y la banca multilateral.
Si bien la medida es temporal, sus efectos son más perceptibles en el mediano plazo por el precedente que sienta, afectando la sostenibilidad fiscal, indicó.
Decisiones electorales y retos para 2027
Los especialistas concuerdan en que el manejo de la política fiscal por parte del Congreso del gobierno, responde claramente al beneficio de intereses político-electorales, refiriéndose no sólo al Decreto 22-2026, sino a las modificaciones del Iusi y a los fondos para los Cocodes, como ejemplos.
Desde la perspectiva fiscal, las implicaciones dependerán también de lo que suceda a inicios del próximo año, cuando la exención del impuesto pierda vigencia y se decida el siguiente paso, en caso de que el precio de los combustibles no se haya normalizado.
Los analistas concluyen asintiendo que la eliminación de impuestos tiene importantes beneficios para quienes utilizan combustibles, sin embargo, como ya lo han pronosticado diversos sectores, los precios de los productos en los mercados populares también deberían disminuir en la misma proporción que la reducción de impuestos.