El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 que será de Q192 mil 045.1 millones, planteó diversos cuestionamientos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la distribución de los recursos y la capacidad del Estado para traducir el gasto en mejores servicios para la población.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), mediante su ejercicio Alerta Presupuesto que examina aspectos como el endeudamiento, las prioridades del gasto y la calidad de la planificación pública, analizó el proyecto presupuestario y concluyó dichos aspectos.
El investigador asociado del CIEN experto en temas presupuestarios, Jorge Lavarreda, señaló que la formulación del presupuesto está expuesta a disputas de influencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y distintos grupos de interés como alcaldes y sindicatos.
Ante esto, el investigador destacó que el presupuesto debe vincular la asignación de los recursos públicos con metas claras de planificación y resultados verificables, de modo que el gasto se traduzca en bienes y servicios que contribuyan a mejorar de forma sostenible la calidad de vida de la población.
Déficit y deuda rebasan la meta
El proyecto propone un déficit fiscal equivalente al 4.43% del producto interno bruto (PIB), lo cual genera una de las principales alertas del CIEN, pues de acuerdo con el análisis, sería el segundo déficit más alto desde 2004, superado únicamente por el 4.91% registrado en 2020, durante la emergencia de la pandemia.
Un déficit de esta magnitud implica que los ingresos previstos no serían suficientes para cubrir todo el gasto presupuestado y que el Estado tendría que recurrir a financiamiento adicional.
El análisis también señala una diferencia entre la trayectoria de la deuda prevista en el Plan de Gobierno 2024-2028 del Movimiento Semilla y la planteada en el presupuesto, ya que el primero reducía la deuda pública a 26.8% del PIB al cierre de 2027, mientras que el nuevo proyecto presupuestario llevaría la deuda a 29.4% del PIB.
Los resultados del análisis ponen en debate la sostenibilidad fiscal y la necesidad de evaluar cómo las decisiones de gasto y financiamiento afectarán las cuentas públicas en los próximos años.
Otro de los factores determinantes es la rigidez presupuestaria, ya que las normas constitucionales y otras leyes establecen asignaciones específicas para determinadas instituciones y obligaciones, lo que limita el margen de decisión sobre una parte importante de los recursos.
De los Q192 mil045.1 millones propuestos, Q78 mil 992.9 millones, es decir, el 41.1% del presupuesto, corresponden a transferencias corrientes y de capital. De ese monto, Q22,799.7 millones se financiarían con deuda pública, según las cifras presentadas por el CIEN.
Lavarreda advirtió que la iniciativa contempla financiar con deuda gastos de funcionamiento, incluidos salarios, y afirmó que vuelve a incumplirse la denominada “regla de oro” de las finanzas públicas, que busca evitar que el endeudamiento se utilice para financiar gasto corriente.
Las inversiones no crecen pese al fortalecimiento del gasto
El estudio del centro formula una pregunta fundamental en torno al nuevo endeudamiento y qué proporción de éste se traduce en inversión productiva y qué parte será destinada a cubrir gastos que no generan activos duraderos, pues la composición del gasto constituye otra de las preocupaciones señaladas por el CIEN.
Según su análisis, los gastos de funcionamiento pasarían de representar el 10.7% del PIB en el presupuesto vigente de 2026 al 11.8% en el proyecto para 2027, en contraste, la inversión pública bajaría del 3.8% al 3.5% del PIB. Esta evolución supone una mayor participación del gasto operativo y una menor proporción destinada a inversión, aunque el impacto final dependerá también de la ejecución efectiva de los recursos.
Como parte del gasto de funcionamiento el desarrollo humano representa el 45.5%. Para 2027, la subcategoría de bienes y servicios equivaldría al 23.3%, mientras que el pago de recurso humano abarcaría el 45.3%.
Ante esto, Lavarreda destacó que el gasto en recurso humano explicaría alrededor del 29% del incremento neto de los gastos de funcionamiento en comparación con el período 2004-2007.
El análisis también identifica una concentración importante del personal público de los ministerios de Educación, Salud y Gobernación, los cuales reúnen el 76.2% de los empleados activos.
El Ministerio de Educación destaca por su tamaño y las obligaciones laborales vinculadas con su pacto colectivo de 2022, que implica un aumento salarial del 3%, un bono anual de Q2,500 en junio y otras disposiciones relacionadas con la estabilidad laboral y las licencias sindicales, según el centro de investigación.
El investigador del CIEN cuestionó que las condiciones laborales no estén vinculadas a requisitos de mejora docente, tomando como referencia los resultados del 2024, en los que seis de cada diez maestros no alcanzaron 60 puntos en matemática, comunicación y lenguaje y estrategias de enseñanza.
Por otro lado, los resultados recientes de las pruebas PISA reflejan una caída en las habilidades de los estudiantes guatemaltecos.
Ambas referencias refuerzan el planteamiento de cuestionar cómo se debe vincular el financiamiento público con indicadores verificables de calidad educativa.
Obligaciones y deuda
El CIEN identificó dos grandes componentes en torno al gasto y ejecución de los recursos, por un lado, las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y, por el otro, el servicio de la deuda pública. Ambos representarían el 51.4% del proyecto de presupuesto de 2027.
Las Obligaciones del Estado incluyen transferencias a otros niveles de gobierno y a entidades descentralizadas, por lo que un porcentaje considerable de los recursos se canaliza a través de instituciones distintas de los ministerios que ejecutan directamente las políticas públicas.
En cuanto a los servicios de la deuda pública, el proyecto contempla las transacciones vinculadas a ésta, así como a la educación, entre sus principales prioridades.
Por otro lado, el Ministerio de Comunicaciones tendría una de sus participaciones presupuestarias más bajas desde 2004, un dato relevante en un contexto en el que la infraestructura y la conectividad son componentes importantes para la actividad económica, según explicó el centro.
El CIEN considera que la concentración del presupuesto en transferencias y obligaciones limita el espacio disponible para reasignar recursos, especialmente cuando existen compromisos legales o financieros que deben atenderse, por lo que sería necesario examinar no sólo el monto total del presupuesto, sino también la justificación técnica de cada asignación, sus objetivos y los resultados que se espera obtener.
CODEDES, punto sensible
El análisis identifica a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDES), como uno de los puntos más sensibles, ya que recibirían Q4,582.3 millones en 2027 para financiar 2,732 obras.
Según datos del CIEN, el 99.6% de estas iniciativas correspondería a inversiones con un tope de Q10 millones y el costo promedio por obra sería de aproximadamente Q1.68 millones.
Ante estas cifras, el centro advierte que la capacidad de ejecutar estos recursos debe analizarse con base en los resultados previos, considerando que del aporte extraordinario de Q6,312.1 millones asignado a los CODEDES, únicamente se había ejecutado el 3.2% hasta agosto de 2026, de acuerdo con los datos presentados.
Este nivel de ejecución pone en evidencia la importancia de contar con una planificación adecuada, así como con proyectos técnicamente preparados y mecanismos de seguimiento que permitan reducir los riesgos de retrasos y problemas de calidad.
El artículo 105 del proyecto, que contempla un aporte de Q1,200 millones para los CODEDES sin que exista una evaluación y priorización previa de las obras que se financiarían, aumenta la preocupación de los analistas.
El centro advierte que la selección de proyectos debe responder a necesidades demostrables, evaluaciones técnicas y beneficios para la población, y no únicamente a decisiones de distribución presupuestaria.
Considera que sin criterios transparentes de selección y evaluación, existe el riesgo de financiar obras que no respondan a las necesidades prioritarias de las comunidades o que no produzcan beneficios proporcionales a su costo, “una asignación de este tipo carece del fundamento técnico necesario para determinar su rentabilidad social y su contribución al desarrollo”, señaló Lavarreda.
Asimismo, el CIEN considera urgente revisar las asignaciones especiales y los aportes extraordinarios a los CODEDES para reducir el riesgo de que los recursos estatales se utilicen con fines políticos.
CIEN sugiere dictamen técnico y transparencia
El CIEN recomendó que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso emita un dictamen sobre el proyecto de presupuesto de 2027 con un sólido fundamento técnico y respetando la Ley Orgánica del Presupuesto.
Entre sus propuestas destacan evitar la incorporación de ampliaciones presupuestarias preaprobadas sin el debido respaldo, impedir asignaciones presupuestarias sin justificación técnica, transparentar el rubro de otros impuestos y asegurar que las obras cuenten con opinión técnica de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
El centro enfatizó en revisar las asignaciones destinadas a los CODEDES y evitar que se apruebe nuevo endeudamiento para financiar deuda, de acuerdo a su interpretación de la regla de oro fiscal.
Las recomendaciones emitidas por el centro buscan que la discusión legislativa vaya más allá de negociar montos y transferencias y se concentre en la sostenibilidad de las cuentas públicas, la calidad de la inversión y la rendición de cuentas.
El proyecto de presupuesto de 2027 plantea un debate central para Guatemala: aumentar el gasto público no garantiza, por sí solo, mejores servicios ni mayor desarrollo, la diferencia radica en la forma de distribuir los recursos, la calidad de los proyectos, la capacidad de ejecución y la transparencia para evaluar los resultados.
