Las diferencias de costos entre el puente General Manuel José Arce, inaugurado en la frontera entre El Salvador y Guatemala, y tres estructuras adjudicadas por emergencia en territorio guatemalteco abren interrogantes sobre los presupuestos, los trabajos incluidos y los criterios utilizados para contratar las obras.
La construcción del puente binacional General Manuel José Arce, que conecta a El Salvador con Guatemala sobre el río Paz, ofrece una referencia para examinar los costos de infraestructura vial en la región. De acuerdo con las cifras divulgadas sobre el proyecto salvadoreño, la obra tuvo un costo de US$32.6 millones, equivalentes a unos Q249.2 millones.
La estructura fue presentada como parte de un proyecto destinado a mejorar la conectividad fronteriza, con obras complementarias que incluyen accesos viales, iluminación, señalización, videovigilancia e instalaciones para el control migratorio.
En Guatemala, en cambio, tres puentes adjudicados mediante un procedimiento de emergencia por un monto conjunto cercano a Q277 millones han sido objeto de cuestionamientos por sus costos y por la falta de información suficientemente detallada para comprobar cómo se calcularon los precios ofertados.
Se trata de los puentes Moca, Las Pericas y Santa Bárbara, contratados para atender necesidades de infraestructura vial en distintas rutas del país.
Diferencias de costo por metro lineal
Las cifras divulgadas sobre las cuatro estructuras muestran una diferencia considerable cuando se divide el monto reportado entre la longitud de cada puente.
Según los datos publicados, el puente binacional salvadoreño registra un costo promedio de aproximadamente Q593 mil por metro lineal. En Guatemala, las cifras atribuidas a los contratos de emergencia sitúan el costo de los puentes Moca y Las Pericas en alrededor de Q1.37 millones por metro, mientras que Santa Bárbara alcanza aproximadamente Q1.12 millones.
Bajo ese cálculo, los costos unitarios guatemaltecos equivalen a entre 1.9 y 2.3 veces el valor utilizado como referencia para el puente binacional.
Sin embargo, la diferencia no demuestra por sí sola que exista sobrevaloración. Para determinarlo, es necesario establecer si los presupuestos contemplan las mismas características estructurales, condiciones del terreno, accesos, cimentaciones, demoliciones y demás trabajos asociados.
También debe verificarse la longitud exacta utilizada para calcular el costo unitario del puente salvadoreño, debido a que las referencias publicadas sobre el proyecto han manejado dimensiones distintas.
Q148 millones de diferencia en cotización
Los cuestionamientos a las adjudicaciones guatemaltecas no se limitan a la comparación con la obra salvadoreña.
Una investigación publicada por La Hora presentó una cotización externa para los tres proyectos que, de acuerdo con las cifras divulgadas, ascendía a aproximadamente Q128.25 millones, frente a adjudicaciones que sumaban Q276.94 millones.
La diferencia entre ambos montos ronda los Q148.69 millones.
Este contraste constituye un elemento que merece revisión, aunque no representa por sí mismo una determinación definitiva de sobrevaloración. Para establecer si la diferencia está justificada, deben cotejarse las especificaciones técnicas, los volúmenes de trabajo, los precios unitarios, los impuestos y las responsabilidades asumidas por los contratistas.
La ausencia de presupuestos desglosados también dificulta que la ciudadanía pueda establecer qué proporción de los recursos corresponde a materiales, mano de obra, equipos, cimentaciones y obras complementarias.
Contratación por emergencia bajo la lupa
Las adjudicaciones se realizaron mediante el mecanismo especial contemplado en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que permite procedimientos de contratación por emergencia bajo determinadas condiciones.
La utilización de este mecanismo no constituye por sí misma una irregularidad. No obstante, la urgencia de una obra pública no elimina la necesidad de justificar los precios, documentar las decisiones administrativas y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente.
En este caso, las preguntas relevantes incluyen cuáles fueron los criterios empleados para invitar a las empresas participantes, cómo se evaluaron sus ofertas y qué elementos sustentaron los montos finalmente adjudicados.
La publicación de los presupuestos detallados y de los documentos de evaluación permitiría comprobar si las diferencias entre las propuestas responden a condiciones técnicas particulares o si existen partidas que requieren una revisión más profunda.
Gobierno argumenta las diferencias entre proyectos
Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda han sostenido que cada puente presenta condiciones particulares y que no es adecuado comparar directamente obras diferentes.
Entre los factores que pueden modificar el costo final figuran la complejidad de las cimentaciones, las condiciones del cauce, la necesidad de demoler estructuras existentes, la construcción de pasos provisionales y los plazos de ejecución.
Estos elementos deben considerarse en cualquier evaluación seria. Sin embargo, su mención general no sustituye la presentación de cálculos y documentos que permitan comprobar su impacto económico en cada contrato.
Una comparación técnica adecuada tendría que separar el costo de las estructuras de los gastos adicionales y contrastar los precios de materiales, equipos y mano de obra con referencias de mercado correspondientes al período de contratación.
Investigación y transparencia para definir las justificación de costos
La diferencia entre los montos adjudicados y la cotización externa plantea interrogantes que requieren una respuesta documentada. La comparación con el puente salvadoreño, por su parte, ofrece una referencia inicial, pero no constituye una prueba concluyente debido a las diferencias potenciales de diseño y alcance.
La revisión de los contratos, los presupuestos por renglón, los planos y los informes de auditoría permitiría establecer con mayor precisión si los costos responden a necesidades técnicas reales.
Mientras no se disponga de esa información completa y contrastada, corresponde distinguir entre las diferencias de precios comprobables, las posibles anomalías señaladas por investigaciones periodísticas y cualquier responsabilidad administrativa o legal que deba determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
La discusión de fondo es la rendición de cuentas: explicar qué se está pagando, por qué cuesta ese monto y cómo se garantiza que la inversión pública produzca el beneficio esperado para los usuarios de las carreteras guatemaltecas.
